El proyecto de ley de servicios financieros, que está en proceso de aprobación, generó una fuerte discusión en el ámbito académico y político, predominando el punto de vista que plantea que se trata de volver al pasado un poco lejano, a la fase de represión financiera, la cual habría sido superada por la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993, que reflejó la etapa de la liberalización financiera.
En primer lugar, es necesario poner en contexto la discusión del tema a nivel mundial. Después de la crisis de los años 30 se establecieron fuertes normas de regulación de la actividad financiera. Por ejemplo, en 1933 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Glass-Steagall. Sin embargo, a partir de los 80, la tendencia mundial fue a la liberalización, que significó el adiós a la represión financiera, con la casi eliminación de regulaciones en dicho mercado, para posteriormente conducir a las crisis en México, Asia, Rusia, Brasil y a la gran crisis financiera mundial de 2008.
Así, en Estados Unidos, en 1999 la Ley Gramm-Leach-Bliley anuló gran parte de las provisiones de la Ley Glass-Steagall, fue el triunfo de un movimiento liberalizador del sector bancario, y el resultado fue la creación de supermercados financieros que realizaban las funciones de banca comercial minorista, de inversión y también de aseguradoras. Diez años después, en 2010, Obama emitió una nueva ley que fue el mayor cambio regulador en la estructura de la supervisión desde la Gran Depresión. Es decir, la tendencia actual es hacia la regulación financiera, a diferencia del contexto pasado, cuando se aprobó la Ley de Bancos y Entidades Financieras.
En segundo lugar, en el caso boliviano se eliminó la banca de fomento y con el gobierno del presidente Morales se creó el Banco de Desarrollo Productivo, que con datos de CEPAL tiene una participación en la cartera de créditos del sistema financiero de sólo el 0,3%. En cambio, la banca de desarrollo en Chile participa con el 20,8%; en Brasil, un 37% y Uruguay, un 47,8%. Asimismo, la presencia del Banco Unión en el sistema financiero es menor al 10% por el lado de cartera y depósitos. Por lo tanto, el espíritu y la letra del proyecto de ley de servicios financieros no es volver a un sistema estatista, sino promover una acceso universal, garantizar el financiamiento al sector productivo y el crédito a la vivienda social, proteger al consumidor financiero y promover una mayor transparencia.
En tercer lugar, en la mayoría de países latinoamericanos no existe una liberalización absoluta de las tasas de interés del sistema financiero, sino mecanismos directos e indirectos de regulación. Incluso el DS 21060 estableció en su artículo 30 límites mínimos para las tasas pasivas para operaciones en moneda extranjera no menores a la tasa Libor (London InterBank Offered Rate). En el actual Gobierno se advirtió al sistema sobre los niveles altos del spread financiero, que mide la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Si bien este margen tendió a bajar, al 2012 todavía presentaba el sistema bancario spread cercanos al 10%, y el de las microfinancieras estaba en torno al 15%, según la reciente Memoria del Banco Central de Bolivia. Con la nueva ley, el Gobierno podrá fijar el piso para las tasas de ahorro y establecer solamente los límites máximos, el techo, para los créditos a la vivienda social y al sector productivo.
En síntesis, no se trata de volver a la represión financiera del pasado ni seguir con la liberalización, sino establecer normas de regulación y supervisión para un mejor funcionamiento del sistema financiero nacional.
