Yo aborté, y estoy viva para pedir la despenalización del aborto. Era muy joven y sencillamente no quería tener un hijo. Y si cambias el argumento por “soy muy pobre” “fui violada” “ya tengo muchos hijos”, una de cada diez mujeres en Bolivia ha tenido un aborto. Pero no todas sobrevivieron para ocultarlo. En el país, según datos estimados por el Instituto Nacional de Estadística, cada año se producen 40.000 abortos, y esta cifra es muy conservadora frente a las investigaciones diversas que nos hablan de 80.000 interrupciones de embarazos no deseados cada año, que provocan aproximadamente 480 muertes.
Por esto, estoy harta de que al hablar del aborto todos tengan derecho a opinar: los jueces, las iglesias, los diputados, mi vecino del frente… menos las mujeres que se han sometido a un aborto. Seamos claros, si un embarazo no es deseado, las mujeres buscarán interrumpirlo así sea pecado, esté penalizado o ponga en peligro su vida.
En 1994, cuando en Bolivia se presenta el informe sobre el avance de las mujeres rumbo a la Cuarta Conferencia Mundial de Beijín, se denuncia que “los problemas asociados al aborto constituyen una de las principales causas de muerte de mujeres, ocasionando 15% de la mortalidad materna”. Veinte años después, las cifras no han variado; en el país cada día se producen más de 200 abortos clandestinos, y si la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia estima 60 muertes por cada 10.000 abortos, estamos hablando de por lo menos una mujer muerta cada día.
Pues sí, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional se toma “el tiempo que requiera” para realizar su análisis, cada día que demora su decisión, 200 mujeres se someten a intervenciones ilegales, insalubres y de alto riesgo, desafiando la discusión de los magistrados.
Si reconocemos como sociedad que las mujeres son ciudadanas libres, titulares de derechos, deberíamos también reconocerles el control sobre sus cuerpos. Cuántos hijos tener y su espaciamiento es un factor central en la autonomía de las mujeres, y no debe ser el Estado y sus instituciones los que definan por ella. Así, una mujer debe poder ejercer su libertad de conciencia para decidir tener o no tener un aborto.
Por otra parte, el acceso a un aborto seguro en Bolivia es un tema de injusticia social. Interrumpir el embarazo en condiciones de higiene y seguridad está condicionado por la capacidad económica de las mujeres. Quien en Bolivia tiene el dinero suficiente para pagar una clínica privada, seguramente no será penalizada y tendrá pocas probabilidades de morir. Así, la penalización sólo castiga a las más pobres, que la mayoría de las veces muere en su propia casa. Según investigaciones realizadas en la Facultad de Medicina, casi un 70% de las emergencias obstétricas del sistema de salud pública corresponden a un aborto incompleto.
Y es que el aborto no es un problema penal, corresponde más bien al campo del derecho a la salud. El número de mujeres que muere cada año por abortos realizados en condiciones inseguras debería ser suficiente para su despenalización y abordaje como medida sanitaria en los hospitales públicos. Tal vez en esta discusión el único consenso es que todas y todos queremos prevenir los abortos, y ello sólo es posible a través de una amplia educación sexual y acceso a diversos métodos anticonceptivos.
Es cientista social.
