Es una ironía que un país tan orgulloso de su pasado precolonial carezca de las medidas y los recursos necesarios para proteger sus yacimientos arqueológicos. Según cálculos efectuados en la UMSA, entre cinco y diez sitios arqueológicos se pierden cada año en Bolivia, mientras aún se debaten proyectos normativos para la preservación de estos yacimientos.
De acuerdo con la Directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de esa universidad, existe un registro de 3.200 sitios, una cifra pequeña frente al potencial inexplorado que tiene el territorio nacional y que corre el riesgo de desaparecer.
Así, por falta de esta normativa específica, cada vez que un proyecto de infraestructura, construcciones e incluso agrícola amenaza o destruye el patrimonio arqueológico, con él se va un pedazo de la historia, ningún nivel de gobierno se hace cargo de evitarlo. Los ejemplos abundan.
El Ministro de Culturas afirma que está en debate un anteproyecto de ley, pero es difícil saber cuándo se convertirá en norma aprobada, y mientras tanto, pareciera que los únicos que lamentan esta sistemática pérdida de patrimonio arqueológico son los profesionales de esa disciplina, cuyas voces de alerta rara vez son escuchadas.
