Entre ayer y hoy se realiza en Sucre la primera Cumbre Judicial de Bolivia, evento precedido de reuniones entre autoridades del Órgano Judicial y la sociedad civil de los nueve departamentos del país para pergeñar una agenda de transformaciones del tercer poder del Estado, devenido en la más temible de las amenazas que afrontan los ciudadanos bolivianos.
En efecto, no es exagerado señalar que la administración de justicia es el principal déficit en la transformación estructural del Estado boliviano, y la prueba de ello está en que días atrás fue el propio Vicepresidente quien calificó de inaceptable la situación del 85% de las personas privadas de libertad, que permanecen en encierro sin tener sentencia condenatoria. Es, pues, proverbial la situación de retardación y, por tanto, de flagrante injusticia que reina en juzgados de todo el país.
De ahí que la agenda para la reunión de Sucre tenga previstos cuatro grandes ejes de trabajo, que tienen que ver con las medidas necesarias para la tan anhelada transformación del aparato judicial. El primero de ellos se refiere al acceso al sistema de justicia en Bolivia, en el que se analizará la creación de nuevos juzgados, considerado elemento clave, pues el número de foros en los que se administra Justicia se ha demostrado insuficiente para la cantidad de casos, en todas las instancias.
El segundo eje es el referido a la independencia judicial, ámbito en el que se debatirá sobre la seguridad que se brinda a los jueces en la carrera judicial y la autonomía presupuestaria del órgano, así como, probablemente, el modo en que se puede limitar, si no erradicar, las presiones provenientes de los poderes, formales o fácticos, que afectan desde siempre a la administración de justicia.
El tercer eje de discusión será la participación ciudadana, estableciéndose como contenido del debate el modo en que se aplicará el control social al Órgano Judicial, dado que no sólo se trata de un mandato constitucional, sino también de un principio que debe ser observado en un proceso de transformación estructural que se precia de ser ejecutado “obedeciendo al pueblo”.
Finalmente, el cuarto eje tiene que ver con uno de los aspectos técnicos más complejos de la nueva ingeniería institucional del país: la coordinación entre la Justicia Ordinaria con la jurisdicción indígena, originaria, campesina, habida cuenta que, pese a la existencia de una ley de deslinde jurisdiccional, su materialización sigue siendo poco clara.
No es, pues, poco lo que debe discutirse y acordarse en la reunión de Sucre, y así sea apenas un inicio, es probable que la agenda será abultada, pues prácticamente todo debe ser replanteado y transformado, si no para reparar los errores e injusticias cometidos hasta ahora, sí para evitar que sigan ocurriendo y para que la población finalmente acceda a la Justicia.
