En el presente mes se ha conmemorado un nuevo aniversario del 21 de julio de 1946, día en que el presidente Gualberto Villarroel y algunos de sus colaboradores fueron cruelmente asesinados y colgados en la plaza Murillo. La personalidad del teniente coronel Villarroel ha quedado grabada en el corazón de nuestro pueblo. Su carisma, gallardía y, sobre todo, su gran simpatía por los seres más desposeídos del país, han determinado que siempre se haya considerado a su gobierno como uno de los más progresistas y humanos de Bolivia.
Pero la Historia exige que seamos más objetivos con el quehacer de nuestros anteriores mandatarios y que no nos dejemos llevar sólo por el atractivo de una noble personalidad. Es menester, además, que nuestra juventud tenga un conocimiento más cabal de nuestro pasado y que no se nutra solamente de informaciones parcializadas, devengadas solamente de un sentimiento romántico.
Cabe señalar al respecto que en los colegios se ha enseñado por generaciones que el gobierno de Villarroel fue uno de los más trascendentales de toda la historia republicana. Pero no se remarcaba que en dicho régimen, en 1944, se produjeron los crueles fusilamientos de Oruro y los horribles crímenes de Chuspipata, donde fueron victimados hasta representantes de la nación, diputados y senadores. Ahora bien, para justificar lo de Oruro y Chuspipata, se tomaba como base el “espíritu revolucionario” proveniente de la generación del Chaco, y que se cimentaba en la idea de reformar el país, aunque sea a costa del atropello de los derechos humanos y de las instituciones democráticas.
Naturalmente, la concepción histórico-política de esta generación se asentaba en la exaltación de los gobiernos reformistas, y por ende, en la denigración de las instituciones burguesas. Las reformas político-sociales eran las aspiraciones primordiales, y el respeto a los organismos y leyes del Estado, sólo algo secundario. En consecuencia, para la educación histórica nacional era permisible que un gobierno revolucionario violase la Constitución y las leyes, e incluso atentase contra la vida de los representantes de la nación.
Esta enseñanza tergiversada repercutió en que nuestro pueblo no tuviese conciencia democrática y, por ello, no tenía reparos en derrocar gobiernos aunque ellos fuesen respetuosos de las leyes. De este modo, a partir del desastre del Chaco y por espacio de unos 50 años, se fueron sucediendo, en general, gobiernos revolucionarios, ya fueran militares o civiles, cuyo anhelo era reestructurar el país con el fin de modernizarlo, aunque eso significase el menosprecio de los derechos humanos y que una buena parte de los bolivianos tuviese que ser perseguida y desterrada.
Tanto gobierno revolucionario, lamentablemente, no ha llegado a dar la paz, felicidad y progreso a los bolivianos. Bolivia continuó siendo el país más pobre del continente americano junto con Haití. Esta conclusión ha dado lugar a que por fin se pensara que quizás si todos los bolivianos trabajasen en conjunto, sin persecuciones ni atropellos, la nación podría repuntar y salir adelante. Y en efecto, desde 1985, y con una democracia consolidada, el país ha iniciado un camino hacia el progreso. Pero para que nuestra democracia quede bien asentada, es necesario erradicar del sistema educativo ideales revolucionarios provenientes de la generación chaqueña o de la revolución cubana o de cualquier otro movimiento, donde se ensalce la violencia, y cambiarlos por otros enfocados hacia la democracia y la solidaridad.
Nuestra juventud debe aprender, por lo tanto, que la base de la convivencia humana y civilizada está en el respeto a las instituciones del Estado y a los derechos humanos. Se le debe enseñar asimismo que las revoluciones y transformaciones violentas sólo han servido para crear dolor, pobreza y odio entre los bolivianos, y que la única forma de alcanzar el anhelado progreso económico y social es por medio de la solidaridad con el prójimo y con el trabajo mancomunado y responsable.
