El tema no es nuevo, sino todo lo contrario: la siniestralidad en los cuarteles de las Fuerzas Armadas, que en algunos casos llega a ser mortal, es alta, y permite siquiera inferir que hay problemas de protección de derechos humanos en los recintos militares, no sólo por posibles casos de violencia, sino también por falta de medidas de seguridad apropiadas.
De ahí que la Defensoría del Pueblo haya solicitado, hace más de una semana, una reunión con la Comandancia de las FFAA en la que proponía analizar, junto a las cabezas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, las medidas de protección, seguridad y garantía de los derechos humanos en los recintos militares, habida cuenta que hasta ese momento se contabilizaban siete muertes en los últimos meses.
Al día siguiente, el 23 de julio, el Comandante en Jefe de las FFAA respondió señalando que “no es pertinente” una reunión, porque los casos que serían objeto de análisis se encuentran en la Justicia Ordinaria, por lo cual le corresponde “abstenerse de emitir criterio alguno, mientras no exista sentencia ejecutoriada”. Además, el Comandante le sugirió al Defensor que cualquier solicitud que haga sea canalizada a través del Ministerio de Defensa. Ironías de la vida, días después, el viernes 26, un nuevo caso se sumó a la lista al fallecer un cadete en un cuartel de Tarija.
Según la primera misiva del Defensor al jefe militar, en la reunión solicitada se pedía discutir medidas para prevenir estos decesos, porque hay “algunas falencias en la seguridad y protección de las personas cuya vida y seguridad se encuentran bajo el cuidado de la institución castrense”, así como revisar algunos procedimientos en los entrenamientos para evitar accidentes.
En respuesta a la negativa del Comandante, el Defensor del Pueblo citó el artículo 218 de la Constitución Política del Estado (CPE), como referencia a las atribuciones y mandato que tiene la institución a su cargo en materia de DDHH, agregando que el hecho de que los decesos de personas en instituciones castrenses están siendo investigadas por los organismo correspondientes, “no inhabilita nuestra competencia institucional para investigar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin perjuicio de cualquier otra investigación administrativa, disciplinaria o penal que se lleve a cabo, más tomando en cuenta que son nuestras conclusiones las que serán remitidas al Ministerio Público en caso de evidenciar aspectos que tengan que ser investigados en dicha instancia”.
Es, pues, deseable que las cabezas de las Fuerzas Armadas dejen de sentirse amenazadas cada vez que una institución civil pide información o acceso a sus cuarteles, ya que negarse a satisfacer tales solicitudes muestra falta de transparencia, que es lo que menos debe tener una institución que se precia de estar comprometida con el destino de la patria.
