La noticia de la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por una diputada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre 12 artículos del Código Penal, tres de ellos referidos a la problemática del aborto, ha abierto la posibilidad de tener un amplio y clarificador debate sobre la realidad del aborto en Bolivia y otros temas vinculados.
Aunque celebramos el espacio del debate, debemos reconocer que éste va a darse en condiciones de desigualdad. Primero porque todavía prevalece una cultura machista, producto de la estructura patriarcal de nuestra sociedad, que cuestiona permanentemente los derechos de las mujeres, aunque éstos estén referidos a su propio cuerpo, tengan que ver con sus planes de vida y su futuro. Segundo, porque los derechos de las mujeres no son considerados temas de la agenda política, y por tanto, de los medios de comunicación masiva, que reproducen y refuerzan los valores sociales (una vez más, machistas y patriarcales). Tercero, porque los medios se encuentran en manos de grupos de poder, políticos, económicos y peor aún religiosos y conservadores de estructuras patriarcales (valga la redundancia), que ven un riesgo en el avance de los derechos de las mujeres; y cuarto, por el estigma que se cierne sobre quienes manifestamos abiertamente nuestro respaldo al derecho a decidir de las mujeres (“feministas egoístas, radicales, aborteras, títeres de políticas imperialistas, que buscan destruir las familias”, entre otros adjetivos y calificativos).
El aborto es una problemática de múltiples dimensiones y puede ser abordado desde diversas perspectivas. Lo más frecuente es mencionarlo desde su tipificación como delito y su estatus jurídico, como lo hizo el Presidente. Es cierto que el aborto en nuestra normativa se encuentra tipificado como delito; pero también existe el artículo 266 del Código Penal, referido al aborto impune (no penado por ley) en los casos de violación, incesto, estupro, y riesgo de la vida de las mujeres, tristemente célebre por su sistemático incumplimiento, hecho que condena a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual a llevar forzosamente a término un embarazo, debido a dilaciones en la obtención del permiso judicial que requiere la norma y excusas de los servidores de salud. A pesar de los argumentos de los patriarcas de las jerarquías de las iglesias cristianas que intentan minimizar la magnitud de los embarazos producto de violación, Bolivia tiene la segunda tasa más alta de violencia sexual de América Latina.
Se hace referencia al pecado, dependiendo de la religión o adscripción religiosa de las personas, que suelen juzgar las acciones de las mujeres con argumentos dogmáticos y falsos discursos sobre la moralidad. Lo cierto es que el control de la sexualidad ha sido una herramienta de control de la vida de las mujeres, de sus cuerpos y sus decisiones, producto de sociedades patriarcales, instituciones misóginas que refuerzan valores machistas. A pesar de ello, cientos de mujeres (católicas, evangelistas, cristianas, ateas y otras) recurren cada día a esta práctica para resolver un embarazo no deseado.
También se lo suele abordar desde la salud pública, ya que constituye una de las principales causas de mortalidad materna en el país. En la mayoría de los casos, las mujeres que interrumpen sus embarazos de forma insegura son de escasos recursos, y ponen en riesgo sus vidas. El aborto, por ser clandestino, al ser considerado delito, no se puede regular, y constituye una fuente de ganancias ilegítimas de practicantes inescrupulosos que lucran con servicios que no ofrecen las menores garantías para las mujeres que recurren a él. ¿Aborto inseguro? Aquel que se produce en situaciones de riesgo. Porque también existen abortos seguros, aquellos que se practican las mujeres que cuentan con los recursos para pagar los servicios en condiciones adecuadas.
