El problema de la cárcel de San Pedro parece no tener fin. La decisión de cerrar ese penal a nuevos internos, que debía ejecutarse desde el 1 de agosto, no se hizo efectiva no sólo porque los jueces se rehusaron a acatarla, sino sobre todo porque es administrativamente imposible: ni siquiera hay medios para transportar a los detenidos a otros recintos.
La Dirección de Régimen Penitenciario, que parece tener las mejores intenciones de siquiera mejorar las dramáticas condiciones de vida en ese y otros penales, se enfrenta a la también dramática falta de recursos. Y desde el lado del Órgano Judicial no se percibe mucho interés en la suerte de quienes por decisión de las y los jueces deben terminar detrás de las rejas.
Es evidente que la situación no va a cambiar en el corto plazo, así las autoridades digan que la decisión de cerrar San Pedro se posterga sólo por unos cuantos días. Es previsible que al cabo de ese tiempo habrá nuevas razones para imponer una nueva postergación y así sucesivamente hasta que exista un nuevo penal, cosa poco probable en el corto plazo, considerando que no hay ni proyecto ni recursos. Mientras tanto, la situación de quienes viven en los penales, no sólo en San Pedro, seguirá siendo dramática sin que eso les quite el sueño a las autoridades y jueces.
