Una vez que se han conocido los resultados finales del Censo 2012, y más allá de la discusión en torno a la diferencia con las cifras preliminares, una de las tareas que deben ser asumidas sin más demora es la reasignación de escaños en la Cámara de Diputados. Se trata de una cuestión que previsiblemente alentará fuertes posicionamientos departamentales y políticos.
De acuerdo con la CPE, la distribución de escaños será realizada por el Tribunal Supremo Electoral con arreglo a los datos del censo. Para el efecto deben considerarse ciertamente los nuevos datos de población, pero también la variable de equidad asociada a una lógica de compensación a los departamentos de menor población y a los de menor desarrollo económico. Según la Ley del Régimen Electoral, la nueva distribución debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La labor requerida para la reasignación de escaños tendrá entonces dos momentos. El primero a cargo del Órgano Electoral, cuyas autoridades anunciaron en diferentes ocasiones que cuentan con una “fórmula matemática” para el efecto. Es necesario considerar en todo caso que si bien hay un importante componente técnico en dicha reasignación (en la que unos departamentos ganan y otros pierden), su definición misma está asociada a decisiones políticas. Diferentes fórmulas pueden producir diferentes resultados.
El segundo momento será entonces el de la Asamblea Legislativa. Allí, sobre la base del trabajo realizado por el Tribunal Electoral, las distintas bancadas políticas y, en especial, las brigadas departamentales tendrán el desafío de adoptar las fórmulas de consenso requeridas para la reasignación de escaños con miras a las elecciones generales de 2014. No hay otra forma de asumir esta labor que no sea la de un amplio acuerdo, que impida atrincheramientos regionales y conflictos.
Es evidente que los cambios en la población registrados durante 11 años (desde el Censo 2001) tendrán impacto en la composición de la Cámara de Diputados. Así, los departamentos con mayor crecimiento poblacional (como Santa Cruz) incrementarán sus representantes. Pero como sin reforma constitucional el número de diputados es fijo: 130, no puede evitarse que otros departamentos con menor crecimiento poblacional disminuyan sus representantes. Este escenario de “suma-cero” requiere cuidado.
En ese marco, a fin de limitar las tensiones y evitar posturas “innegociables” como ocurrió en similar situación en 2005, es fundamental que las propuestas de reasignación se hagan con la máxima responsabilidad y compromiso. Habrá cambios cuantitativos en los escaños, entonces, pero no debe perderse de vista que la representación política es también una cuestión de legitimidad y de calidad; esto es no sólo de número, sino de proximidad y sintonía entre representantes y representados.
