Una de las condiciones para el avance del proceso de autonomías en el país es el control de constitucionalidad tanto de los estatutos autonómicos como de las cartas orgánicas. Dicho control por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es esencial para garantizar que la conformación de los gobiernos autónomos se realice con apego a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.
Si bien se trata de un requisito ineludible, el rezago en la emisión de los fallos puede convertirse en una barrera más para el proceso autonómico. Así ocurre por ejemplo con los cinco estatutos de autonomías indígena originario campesinos que desde hace diez meses esperan el pronunciamiento del TCP. Esa tardanza genera no sólo recelo e incertidumbre, sino también dudas e incluso pugnas internas.
Por ello, es de esperar que el TCP, una vez que ya parece haber consolidado sus ajustes de estructura organizativa (con la creación de una Secretaría Técnica y una Unidad de Autonomía), responda con celeridad en su labor de control de constitucionalidad. Claro que el reto no es solamente de celeridad, sino de contenido. Los magistrados del Tribunal (y sus técnicos) deben analizar los estatutos de autonomías indígenas con ojos plurinacionales e interculturales.
