Debido a una serie de requerimientos logísticos y operativos, el voto de las bolivianas y bolivianos residentes en el exterior es un voto caro. Sin embargo, pese a su elevado costo en comparación con el sufragio en territorio nacional, se trata de un derecho reconocido constitucionalmente. En ese sentido, es un derecho que debe ser garantizado por el Estado; y corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacerlo efectivo.
Al respecto, el organismo electoral informó que el empadronamiento biométrico de las personas bolivianas que viven en el exterior está en riesgo porque todavía no se cuenta con el presupuesto requerido. Para esta primera fase, que comprende varias ciudades en siete países (Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia y Gran Bretaña), se determinó un costo de Bs 21,8 millones.
El Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que no ha negado dicho presupuesto, sino que está a la espera de información del TSE con la definición de objetivos, metas y resultados. Además, debe establecerse el costo que implicará para el Estado garantizar que los empadronados en el exterior puedan ejercer su derecho al voto el día de los comicios. En otras palabras, no basta pedir dinero: hay que justificarlo y establecer con claridad el costo total del proyecto.
