Con la promulgación de la Ley 393 de Servicios Financieros se estructura un nuevo escenario para las operaciones bancarias, y la forma de regular la industria de intermediación financiera. El espíritu de la norma se manifiesta en la búsqueda de equilibrios entre instituciones financieras y el público usuario, además de establecer criterios de regulación prudencial preventiva.
La crisis bancaria que se inició en 2008 en EEUU y que contagió a Europa es un claro ejemplo de que los mercados financieros requieren de reglas y normas más estrictas, orientadas a limitar un apetito voraz por mayores ganancias a costa del sacrificio de los clientes y ahorristas. Tal vez Bolivia no sea el caso, empero, es de sabios curarse en salud y no llegar a la necesidad de practicar “salvatajes” onerosos a bancos y banqueros que, guiados por la avaricia, asumen riesgos innecesarios, pero en caso de pérdidas, no se hacen responsables, vulnerando el principio básico que rige a la intermediación financiera: la confianza.
En este aspecto, la ley profundiza reglas más conservadoras para preservar la estabilidad financiera, que es sin duda base de la credibilidad del sistema, sin que ello signifique crear una camisa de fuerza para una industria que por esencia es tomadora de riesgos y que ahora, con la nueva norma, serán calculados.
Un elemento también relevante en la ley es la intencionalidad de proteger al usuario de la asimetría de negociación con una entidad financiera, que al momento de definir las condiciones contractuales de una operación, ya sea de crédito o depósito, muchas veces es obviada por el cliente, dada su necesidad de contar con prontitud con el servicio o los recursos, quedando vulnerable a alguna disposición unilateral asumida por la entidad financiera. Si la ley logra que las condiciones de negociación sean equilibradas y principalmente informadas, se habrá dado un gran paso en la formación de una cultura financiera y de relaciones banco-cliente legítimas.
Existen algunos aspectos en la nueva norma que necesitan ser ejecutados de manera casi inmediata, como el proceso de institucionalización de la Asfi, como instancia reguladora y supervisora, así como del Banco Central de Bolivia, como la entidad técnica de diseño de la política financiera, de forma tal que el Comité de Estabilidad Financiera sea una instancia en la que se conjugue la opinión técnica y la oportunidad de acciones de política económica, financiera y de desarrollo.
Finalmente, queda pendiente en el nuevo marco legal las condiciones de fomento para la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva, tal como establece el mandato constitucional, que es en esencia brindar la oportunidad a la población a ser, además de prestatarios y depositantes, accionistas de una entidad financiera.
