Lo sucedido el viernes en la cárcel de Palmasola, en las afueras de Santa Cruz de la Sierra, cuando, fruto de una gresca entre dos facciones que buscaban hacerse con el control de una zona del penal, decenas de personas resultaron muertas y muchas más heridas, es una tragedia que merece una respuesta integral, y no declaraciones de condolencia o discursos politizados.
Según el reporte de las autoridades, el enfrentamiento, que comenzó aproximadamente a las 05.00 y se extendió por cerca de una hora, se registró en el sector denominado Chonchocorito, y el motivo sería una pelea por poder entre los reos de los pabellones A y B que se encuentran dentro de esa sección. La Policía logró controlar la situación aproximadamente una hora después.
Según datos extraoficiales, los privados de libertad del bloque B realizaron forados en la malla olímpica que separa los bloques para enfrentarse a los del grupo A, utilizando armas de fuego y armas blancas, además de garrafas de gas que usaron como bombas. La explosión de las garrafas originó un incendio, que luego los reclusos habrían utilizado para dañar a sus eventuales rivales, impidiendo que escapen de la zona.
Por el número de víctimas (al menos 31), que hasta el final del viernes seguía sin haberse aclarado, pues había versiones contradictorias entre las autoridades policiales, de Régimen Penitenciario y de la Defensoría del Pueblo, es posible afirmar que ésta ha sido la mayor tragedia ocurrida en las proverbialmente peligrosas cárceles bolivianas. Lo peor de todo es que no se trató de un acontecimiento fortuito o un desastre natural, sino de la acción planificada de una facción de los internos, lo cual pone el mayor peso de la responsabilidad por lo sucedido sobre las autoridades policiales del penal, pero no únicamente.
En efecto, la tragedia de Palmasola es el doloroso efecto de un problema estructural, que ha sido señalado repetidas veces en numerosos ámbitos y que tiene entre sus componentes la retardación de justicia, el hacinamiento, la falta de presupuesto para mejorar las condiciones de los recintos penitenciarios y la lenidad de algunas autoridades policiales responsables de la seguridad en los penales.
Es deseable que este trágico suceso motive un cambio de actitud, comenzando por el Gobierno nacional, que debe mejorar la normativa al respecto y asegurarse de que sea viable y se ejecute, pasando por los gobiernos departamentales y municipales, que hasta ahora han logrado esquivar sus responsabilidades alegando falta de claridad en la norma, y terminando en la Policía Nacional, que es responsable no sólo de tener a los privados de libertad detrás de las rejas, sino también de asegurarles dignidad y seguridad. El Órgano Judicial tiene, por su parte, la obligación de resolver el problema de la retardación y la falta de acceso a la justicia.
