El problema es más grande de lo que aparenta, pero es verdaderamente difícil encararlo, no sólo porque las víctimas no siempre se atreven a denunciarlo, sino sobre todo porque no es fácil definir sus contornos, en la medida en que es la manifestación de un problema estructural que excede los límites de la escuela. El bullying o acoso escolar es una dolorosa realidad.
En efecto, en los últimos años, gracias al esfuerzo de unas pocas activistas y de una organización no gubernamental dedicada a denunciar, prevenir y combatir esta perversa práctica, el acoso escolar se ha hecho visible, y en esa medida es posible identificarlo y denunciarlo. Sin embargo, lo que no se puede, aún, es encontrar mecanismos efectivos que posibiliten su erradicación de las escuelas y colegios.
Un reciente reporte de Voces Vitales, la ONG dedicada a esta temática, ha revelado que las diversas manifestaciones de violencia física, psicológica y hasta sexual asociadas con el acoso escolar no conocen de límites socioeconómicos ni son exclusivos de un tipo particular de establecimiento educativo, pero también se ha hecho público que una cantidad importante de las denuncias que recogen provienen de colegios privados de la zona Sur de La Paz, todos ellos considerados de élite tanto por la calidad de su enseñanza como por el costo de sus mensualidades.
No se trata de caer en la trampa de asociar actitudes y comportamientos de prepotencia y abuso descarado con una determinada clase social, sino de preguntarse cómo es posible que allí donde existen los recursos, financieros, técnicos e intelectuales para hallar respuesta a esta problemática, lo más que se haya conseguido es lograr que las víctimas comiencen a denunciar el abuso del que son objeto.
Por lo pronto, también va quedando claro que si hay violencia entre pares dentro de las escuelas y colegios, ésta es menos atribuible a la mala influencia de sus educadores o a la falta de control de parte de éstos, que la hay, y más al entorno del cual provienen las niñas y niños que vuelcan sus dolores, ansiedades y frustraciones sobre quienes son más débiles o simplemente diferentes.
Sobre esa base, correspondería que quienes tienen en sus manos la responsabilidad de asegurar el mejor ambiente posible para las y los educandos en sus respectivos establecimientos se esmeren más en encontrar la respuesta a la pregunta de qué se puede hacer al respecto. Ciertamente brindar castigos y escarmientos “ejemplarizadores” podrá satisfacer las ansias de corto plazo de las víctimas y sus padres o madres, pero sólo abonará a incrementar la espiral de violencia que condice a un menor a portarse como un abusador. Producir leyes, reglamentos y otras normas ayuda sólo a tener un marco jurídico, pero de ninguna manera a resolver el problema de fondo. No hacer algo cuanto antes es permitir que esta enfermedad social siga extendiéndose.
