Los últimos acontecimientos en Palmasola mostraron una verdad de Perogrullo respecto a la inseguridad ciudadana, el sistema penitenciario y la Justicia boliviana, que desgraciadamente se cae a pedazos.
La noticia del hacinamiento de nuestras cárceles y el hecho de que el 84% de los internos sean detenidos preventivos hoy da vueltas el mundo, desprestigiando una vez más al país y a sus instituciones. La debilidad del Estado en este rubro refleja el fracaso de las políticas de justicia desarrolladas en estos últimos años. ¿Por qué existen personas sin condena?, o ¿por qué la retardación de justicia?, o ¿por qué los ciudadanos confían cada vez menos en sus instituciones?, son las preguntas que rodean este suceso. La ausencia de profesionalismo de fiscales y jueces, la inexistencia de control por parte de las máximas autoridades de justicia y la corrupción institucionalizada pueden representar algunas respuestas.
La aplicación equivocada de la detención preventiva es sin duda una de las causas principales del problema; al no existir un control de la aplicación de esta medida, los fiscales y jueces obran a su libre arbitrio, sin un sentido uniforme vinculado a la naturaleza procesal de esa medida, convirtiendo la desgracia de las personas (víctima e imputado) en un negocio lucrativo. La detención preventiva y toda medida cautelar tiene carácter instrumental y accesorio y no representa un fin en sí mismo, se adopta excepcionalmente cuando existe un riesgo de fuga o cuando existe sospecha fundada de obstaculización; vale decir, el fin es permitirle al fiscal una investigación libre de toda influencia (obstaculización) en presencia del imputado (fuga) y sobre todo debe ser temporal mientras el riesgo subsista. Los procesos que tengan detenidos preventivos deberían ser rápidos.
En nuestro medio la detención preventiva es indefinida y se ha convertido en el centro del proceso penal. Si se realiza una auditoría a los procesos penales (y debería pensarse seriamente en esta posibilidad), encontraremos que después de que el juez dispone la detención, el fiscal no realiza ningún acto de investigación en procura de averiguar la verdad, desnaturalizando completamente esta medida; parecería que el objetivo era sólo conseguir la detención en desmedro de la presunción de inocencia y la verdad material, aplicando en contra del imputado una sentencia anticipada.
La retardación y el manoseo de la justicia subsistirán mientras nuestras autoridades de jerarquía judicial padezcan de anonimia en los procesos de reforma y no tomen conciencia de estos problemas. Las pasadas semanas realizaron inspecciones en los juzgados de instrucción penal y salas penales de los tribunales departamentales, también justificaron públicamente el bajo desempeño judicial culpando a la falta de leyes, lamentablemente esas esporádicas apariciones demuestran el tratamiento superficial del tema.
Este fenómeno no se remedia con leyes, que ya existen, ni con inspecciones, que por cierto deben ser rutinarias, se trata de aplicar políticas explícitas, alejadas de simbolismos demagógicos, que brinden soluciones concretas. El penoso episodio de Palmasola reveló el problema del hacinamiento carcelario y la falta de sentencias condenatorias, ahora los ciudadanos demandamos soluciones.
