El Programa de Salud Sexual y Reproductiva, a cargo del Ministerio de Salud, cuenta con Bs 5 millones adicionales. Las autoridades del sector anunciaron que esos recursos serán utilizados para distribuir, de manera gratuita, tres nuevos tipos de anticonceptivos en los hospitales y centros de salud.
Se trata sin duda de una buena decisión, sobre todo porque detrás de los embarazos no deseados se ocultan problemas como el abandono de niños, la violencia de algunos padres contra sus hijos, la desintegración de las familias y su escasa movilidad social. No obstante, esta iniciativa adolece de un grave sesgo: para acceder a estos anticonceptivos, las mujeres deben ser mayores de 21 años. Con esta restricción paradójicamente se excluye a quienes más apoyo necesitan en este aspecto.
En efecto, según estadísticas del Fondo de Población de la ONU, siete de cada diez embarazos no deseados corresponden a adolescentes. Además, las complicaciones y abortos mal practicados son, valga recordarlo, la principal causa de muerte de mujeres entre 15 y 19 años en todo el mundo. A ello hay que sumar el hecho de que el embarazo y la maternidad de las adolescentes truncan y retrasan sus posibilidades de desarrollo, y por extensión, el de sus familias y de la sociedad entera.
