Suscribo plenamente, por convicción y principios, las dos consignas izadas por las organizaciones de periodistas del país en defensa del oficio. La primera dice bien que “sin libertad de expresión no hay democracia”. La segunda precisa mejor que “con secreto no hay democracia”. ¿Alguien podría estar en contra de tales certezas? Es por demás evidente que con secreto y sin libertad de expresión la democracia no es posible. Estaría incompleta, cercenada, rota.
Estas orientaciones principistas, que se aplican sin matices en la disputa por la construcción democrática en el país, tienen redoblada vigencia en nuestras organizaciones del gremio. Para decirlo sin gambetas, por un elemental sentido de coherencia: estaríamos siendo embusteros y deshonestos si salimos a las calles exigiendo transparencia, libre expresión y acceso irrestricto a la información pública mientras en nuestros patios interiores tejemos silencios…
¿Libertad de palabra, deliberación, secreto? ¿Cómo andamos en casa? La semana pasada, en una asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), un grupo de miembros negó la lectura de una propuesta de resolución elaborada por la comisión designada para el efecto en una anterior asamblea. Es en serio. No estamos hablando de impedir que se apruebe la resolución, sino siquiera de que ¡se lea! Ya ni hablemos del inexistente debate.
¿Qué planteaba dicha resolución? ¿Por qué el actual directorio de la APLP operó para que su contenido quede sin conocerse, esto es, censurado? ¿Cómo se explica que dos personas que impulsaron la formación de la comisión y formaron parte de ella hayan votado para bloquear la discusión de la propuesta resolutiva? ¿Qué tan terribles denuncias y sanciones están en juego? ¿Por qué se impidió su deliberación colectiva? ¿A qué tanto secreto?
Veamos los antecedentes. La presente-prolongada crisis se remonta a la elección del actual directorio en abril de 2012. En ese momento, medio centenar de socios observaron una resolución que, infringiendo el estatuto, habilitaba votantes a pocos días de la elección. Se advertía también que el actual Vicepresidente y dos vocales se habilitaron como candidatos sin cumplir requisitos de antigüedad. Y se cuestionaba que algunos miembros del directorio en funciones, siendo candidatos de una fórmula, siguieron actuando como jueces y partes. Había, pues, déficits estatutarios y éticos.
Pero aunque tales irregularidades son terribles dada la impecable tradición de la APLP en la elección de sus anteriores directorios, el problema de fondo es mayor. Va más allá incluso del desprestigio del actual Tribunal de Honor que, pese a las evidencias, se limitó a lamentar las violaciones al Estatuto, avalándolas. Y ni siquiera tiene que ver, en esencia, con la débil legitimidad de un directorio electo por 72 votos de los 196 habilitados para votar de un total de ¡1.140 afiliados!
El problema de fondo, colegas, es el rumbo de nuestra entidad matriz. He sido cuidadoso en no mencionar nombres en esta historia. Y es que las personas son circunstanciales, ora que estén en el directorio/Tribunal de Honor, ora que sean las que cuestionan. Pero la institución queda. Y como van las cosas, la hasta ahora ilustre Asociación de Periodistas de La Paz puede quedar seriamente desportillada. Debiera preocuparnos tras 83 años de historia.
En agosto de 2012 se alertaba sobre el riesgo de que este irresuelto conflicto afecte la imagen de la institución, por lo cual “debería ser tratado exclusivamente en el ámbito interno de la asociación”. Ya no es posible. Al no permitir la lectura en asamblea de la propuesta de resolución mencionada, el hecho devino en asunto público. Por más que casi todos los medios guarden sintomático silencio. Y a la espera del pronunciamiento de la mayoría de los socios, en especial de nuestros premios de periodismo. Seamos consecuentes: con secreto y sin libertad de expresión, está visto, no hay democracia.
