El Gobierno Municipal de La Paz, hasta hace pocos años modelo en todo el país por su eficiencia y modélica gestión, está a punto de perder esa buena imagen debido a las inevitables pugnas políticas, que se han convertido en una amenaza a la gobernabilidad. En el marco de la gestión política es normal que así sea, pero para la población puede ser muy negativo.
En efecto, si bien desde el inicio mismo de la gestión del actual Alcalde estuvo claro que la fuerza opositora local y oficialismo en el Gobierno nacional no harían las cosas fáciles para la gestión luego de la sonada ruptura de ambos partidos, en los últimos meses el escenario se ha vuelto aún más difícil, tras la fractura del pacto que vinculaba al Movimiento Sin Miedo (MSM) con el único concejal de Unidad Nacional (UN), que además de ser el presidente del Concejo Municipal tiene el voto dirimidor en esa instancia legislativa del gobierno local.
Particularmente conflictivo se muestra el panorama si se considera que el ahora exsocio del ejecutivo municipal ha adoptado la posición que le corresponde a un agente opositor, con el añadido que su actuación no siempre es coherente, incluso si se muestra razonable desde el punto de vista de la fiscalización que le corresponde en razón del cargo que ostenta.
Primero fue la denuncia de una presunta malversación en la compra de repuestos que permitió situar al Alcalde y al presidente del Concejo en veredas opuestas, y si bien es deber de este último denunciar todo acto sospechoso de corrupción, también era su deber observar esta anomalía antes de que suceda, en el momento en que como máxima autoridad del ente deliberante aprobó el contrato después observado por fraudulento.
Ahora se ha sumado su decisión de no aprobar el proyecto de Plan Operativo Anual (POA) de 2014, arguyendo que es necesario hacerle algunas enmiendas, como por ejemplo traspasar Bs 7 millones del presupuesto de publicidad y Bs 9 millones destinados a pagar imprentas y fotocopias a programas de seguridad; que Bs 30 millones de la partida de sueldos sean canalizados a proyectos estructurales; y que Bs 10 millones de los recursos de la Dirección de Gobernabilidad pasen al Fondo de Atención Ciudadana que financia obras barriales. Iniciativas plausibles que, sin embargo, no fueron hechas en el momento de aprobar en grande y en detalle la Ley Municipal del POA y se pretende introducir en la fase de revisión final.
Para terminar de complicar las cosas, el Alcalde cuenta con el decidido apoyo de un segmento de las juntas vecinales con gran poder de movilización, que si bien puede garantizarle victorias políticas inmediatas, habrá de pasarle una factura difícil de pagar tarde o temprano. Se acerca, pues, una temporada de ingobernabilidad que puede poner en riesgo el buen desarrollo de la ciudad, y con ello afectar la calidad de vida que se desea para la población.
