Una vez más el país sufre el impacto de la corrupción en filas policiales. Como se comentó días atrás en este mismo espacio, el intento de extorsión a Humberto Roca, expropietario de AeroSur, protagonizado en Miami por Fabricio Ormachea, responsable de la unidad anticorrupción hasta el 28 de agosto, reveló la corrosión moral que aún impera en altas esferas policiales.
Anteriormente el país fue golpeado por el caso del general Sanabria, exjefe de la Fuerza Antinarcóticos, hoy encarcelado en EEUU tras haberse declarado culpable por tráfico de drogas ante un tribunal de ese país. Como es de suponer, esta búsqueda de enriquecerse a como dé lugar manifestada por muchos de los miembros de la institución del orden, sumada a los incontables casos de violencia intrafamiliar protagonizados este año por policías, genera no sólo desconfianza sino también una gran preocupación en la ciudadanía respecto de quienes se supone deben defendernos del crimen.
Por si esto fuera poco, estos hechos de corrupción y de violencia se suman al impacto emocional del horror que se vivió el 23 de agosto en la cárcel de Palmasola, en una tragedia que segó la vida de 35 personas (un menor de dos años entre ellos), y que difícilmente puede calificarse como una contienda entre reos. Más bien dio la impresión de que se trató de una guerra abierta entre bandos criminales por el control de los recursos de la particular economía autogestionada de los reclusos.
Ahora bien, precisamente es la autogestión, la administración de la cosa pública al margen del Estado, la respuesta que busca la sociedad cuando no cuenta con instituciones gubernamentales confiables. Prueba de ello es la profusión de linchamientos en el país, un peligroso síntoma de cómo algunos grupos de la sociedad asumen el rol que la Policía, el sistema judicial y el sistema carcelario del país no están cumpliendo.
Lo que está en cuestión, entonces, no es la imagen de la Policía como institución del orden, ni la buena o mala marcha de la lucha contra la corrupción en el país, sino la capacidad del Estado para cumplir mínimamente con una de sus funciones esenciales: la de ejercer el legítimo monopolio de la fuerza para mantener el orden público. Urge, por lo tanto, una profunda reforma de la entidad verde olivo que vaya más allá del retoque de recambio de personas.
Durísima tarea, sin duda, pero la sociedad no espera menos de las autoridades actuales.
No obstante, una reforma policial por sí sola no será suficiente si no se transforma también el sistema judicial en Bolivia. El paso avanzado con la elección ciudadana de jueces aún no se refleja en un verdadero incremento de la calidad de la Justicia. La ciudadanía lo sabe. Nuestras autoridades están a tiempo de actuar, ahora que los casos de autogestión policial-judicial son la excepción y no la norma.
