Cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió a fines de 2012 la sentencia dentro el litigio entre Nicaragua y Colombia por la soberanía de archipiélagos y la delimitación marítima correspondiente, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, protestó acremente, señalando que el tribunal internacional fijó una delimitación marítima entre Nicaragua y el archipiélago colombiano corriendo la línea de la frontera marítima hacia el este del meridiano 82 y permitiendo que Nicaragua acreciente su zona marítima.
Colombia no acepta la sentencia de La Haya, y ha anunciado que el fallo es “inaplicable”. Es más, ha anunciado su retiro del Pacto de Bogotá y el propio Mandatario de Colombia ha entregado al Tribunal Constitucional una denuncia formal de dicho tratado, por el cual todos los países del sistema interamericano se sometieron a la jurisdicción de la CIJ.
Santos anunció también que su país se está preparando para nuevas peticiones de Nicaragua, a las que llamó “ambiciones expansionistas”. Los temores del Jefe de Estado colombiano parecen haberse confirmado, pues el Gobierno nicaragüense, que encabeza Daniel Ortega, ha iniciado una nueva demanda contra Colombia para que la CIJ defina ahora la delimitación de fronteras entre las plataformas continentales de ambos Estados.
En esta nueva demanda internacional Nicaragua hace referencia al fallo que le fue favorable en noviembre de 2012, y pide a la CIJ que determine el curso preciso de su frontera marítima con Colombia. La reacción de la contraparte no se ha dejado esperar, y por palabras del propio presidente colombiano, su gobierno buscará “frenar la política expansionista” de Managua, advirtiendo que además de Colombia, Panamá, Costa Rica y Jamaica corren el riesgo de ser demandados por Nicaragua.
El mandatario Ortega, por su parte, propuso a Santos crear una comisión binacional para poner en práctica el fallo de la CIJ, lo que no ha sucedido aún debido a que Santos pondría en riesgo su eventual reelección (las elecciones están previstas para el próximo año) si aceptara aplicar la sentencia. Además, el Gobierno colombiano siente las presiones de diversos sectores políticos, que también con un matiz electoral rechazan la aplicación del fallo de La Haya.
Por supuesto que los temas de fondo tienen que ver con la explotación de recursos (probablemente petróleo) en el área de la plataforma continental sobre la que ahora Nicaragua reclama derechos. La actividad económica de pesca ha sido otro de los frentes de conflicto, pues cientos de pescadores colombianos tendrían que dejar su actividad en aguas que ahora Nicaragua considera suyas en aplicación del fallo internacional. El Gobierno colombiano ha señalado que no permitirá que esos pescadores sean desalojados por Nicaragua, pero si eso ocurriese, ¿se empleará la fuerza militar? No es para nada deseable que se llegue a ese extremo, lo ideal sería que luego de una negociación, Colombia y Nicaragua firmen un tratado que en definitiva coloque al Derecho Internacional por encima de las aspiraciones y deseos de cada Estado en particular.
Empero, la proximidad de elecciones en Colombia y la nueva demanda nicaragüense en La Haya enrarecen el panorama. Sujeto a presiones políticas que especialmente vienen de la derecha que lidera el expresidente Uribe en Colombia, a lo que hay que sumar el factor diálogo con las FARC, el mandatario Santos enfrenta un complejo panorama y un camino aún no del todo expedito para lograr su reelección.
En cuanto a la nueva demanda que Nicaragua ha presentado ante la CIJ, se cierne la amenaza que Colombia la rechace con el argumento de que ya no reconoce el Pacto de Bogotá, lo cual arriesga al sistema interamericano en su conjunto, si es que otros países siguen ese camino (Costa Rica es otro de los países demandados ante la CIJ por Nicaragua).
