El miércoles se promulgó la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, que establece revertir las concesiones mineras improductivas del sector privado; porcentaje que, según estimaciones del Gobierno, alcanza al 70%. Por otra parte, la norma indica que las concesiones restituidas podrán ser asignadas a los otros actores del rubro reconocidos por la ley; entre éstos, los cooperativistas mineros, quienes ya han adelantado que van a pedir que se les entregue los yacimientos revertidos al sector privado.
No cabe duda de que hace falta aumentar la producción minera en el país, y así poder obtener los recursos necesarios para invertir y cerrar brechas como las de educación e infraestructura que persisten en desmedro del progreso nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entregar esos recursos a los cooperativistas mineros no es precisamente lo más adecuado ni para la economía del país ni para el medio ambiente. Y es que no podemos olvidar que este sector no paga impuestos ni asume cargas sociales. Además, entre quienes se dedican a esta actividad —una de las más nocivas para el medio ambiente, dicho sea de paso—, los cooperativistas son los que más daño causan a la naturaleza, ya que sus emprendimientos se realizan sin ningún tipo de estudios ni estrategias para mitigar el impacto ambiental.
