Cuando falta menos de un mes para que se cumplan diez años de la fuga del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado inició finalmente el trámite para solicitar su extradición. En el marco del juicio de responsabilidades instaurado en su contra, se acusa a Goni de cuatro delitos reconocidos por la Justicia estadounidense: genocidio, homicidio, tortura y masacre sangrienta.
El trámite debe seguir aún varios pasos tanto en Bolivia como en Estados Unidos para hacerse efectivo. Y se espera que esta vez prospere y llegue a buen puerto, es decir, consiga la extradición del expresidente y dos de sus ministros (Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague). Habrá que recordar que por una fallida tipificación de delitos las autoridades del país del norte ya rechazaron una anterior solicitud de extradición.
¿Para qué extraditar a estos exgobernantes? ¿Se trata de un afán de venganza? ¿O son casos de “persecución política”? A una década de la masacre de octubre de 2003, los 67 compatriotas asesinados y los centenares de heridos de aquellas jornadas de la llamada “guerra del gas” simplemente reclaman justicia. Que los acusados asuman su defensa y, si son culpables, cumplan su condena. Es el innegociable clamor del “Nunca más”.
