Los datos oficiales del Censo 2012 han suscitado un intenso debate desde que fueron publicados. Esto sobre todo porque del número de personas que habitan en cada región depende la cantidad de dinero que reciben los gobiernos locales por coparticipación tributaria, monto que en muchos casos representa la mayoría de los ingresos de las municipalidades.
De allí que las autoridades locales y los representantes cívicos sean los que cuestionen con mayor vehemencia los resultados del operativo. Al respecto, los expertos consultados en la última edición de Animal Político coinciden en que fueron tres los principales errores del operativo: la implementación del empadronamiento con una cartografía desactualizada, el empleo del Código “0” para los barrios cuyos límites territoriales se encuentran en conflicto y el masivo traslado de habitantes a sus regiones de origen, cuando en realidad residen en otras urbes.
Habida cuenta de la importancia del censo para la planificación de las políticas públicas de los próximos diez años, no cabe duda de que este debate es importante. No obstante, esta discusión deja de lado un asunto de igual relevancia, pero que no está siendo analizado como debería. Nos referimos a las deficiencias del actual sistema de transferencias que impera en el país, establecido en 1994 por la Ley de Participación Popular.
Cabe recordar que el proceso de descentralización pretende mejorar la asignación de atribuciones y de recursos entre los distintos niveles del Gobierno, fortalecer la eficacia de las políticas públicas, reforzar la gobernabilidad y promover una mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos locales. No obstante, para alcanzar estos objetivos hace falta un sistema de transferencias intergubernamentales eficiente, que fomenten la responsabilidad del gasto público y la generación de recursos propios.
Sin embargo, en el actual modelo de descentralización no existen incentivos que promuevan el esfuerzo fiscal de los gobiernos municipales (la recaudación a través de fuentes de ingreso propias), pues la distribución de los recursos de coparticipación se realiza automáticamente, sin ningún condicionamiento que obligue a mejorar las finanzas públicas locales. Asimismo, la teoría indica que la importancia de las recaudaciones propias, independientemente del nivel de administración, subyace en la apreciación otorgada a los recursos que provienen del esfuerzo fiscal propio. Y es que la ausencia de esfuerzos locales induce a una percepción errónea del costo, pertenencia y responsabilidad respecto del servicio o bien público proveído.
Finalmente, la alta dependencia de transferencias y la poca capacidad que tienen algunos municipios para generar recursos propios inducen a que las alcaldías acudan a contraer deudas para poder cubrir sus gastos, hipotecando el desarrollo de las futuras generaciones.
