No cabe duda de que la trata de personas para redes de explotación sexual es uno de los crímenes más execrables en el mundo. Pero lo más llamativo de este infame negocio, que se alimenta con el tormento y la humillación de las personas, no es sólo su dimensión, sino la falta de una respuesta contundente a nivel social y político, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Por ejemplo, en los últimos seis años se registraron en el país 700 casos de trata y tráfico de personas, pero hasta la fecha solamente uno terminó con sentencia. En concreto, el de un funcionario público de Villazón, que fue encarcelado por falsificar la edad de menores que iban a ser trasladados al exterior. Estos datos fueron proporcionados el lunes por la Policía, en el marco de la celebración del Día Nacional Contra la Trata y el Tráfico de Personas.
Esto demuestra que si bien se han hecho avances en este ámbito (en julio de 2013 se promulgó la Ley 389 que sanciona por primera vez este tipo de delitos), aún queda mucho por hacer; máxime tomando en cuenta que detrás de este ilícito subyace un macabro mercado de oferta y demanda de niñas y niños, adolescentes, vírgenes y mujeres exóticas.
Y es que a diferencia de lo que ocurre con la prostitución, en la trata no existe un acuerdo de intercambio de sexo por dinero, sino el plagio, la explotación y el encierro físico y psicológico de las víctimas. En ese mundo de horror, los cuerpos son concebidos como meros objetos de placer, pero de un placer enfermo, que se alimenta con el tormento, la amargura, la humillación y el dolor ajenos.
Según los expertos, la delimitación de la prostitución forzada de la libremente ejercida es una de las principales dificultades para luchar contra este mal. Ambigüedad que se ve reforzada por el estado de terror en que viven las personas explotadas, sometidas a torturas y amenazas constantemente, a fin de anular su voluntad y evitar su huida. Por eso es tan importante la colaboración de quienes, particularmente los clientes, puedan sospechar que están ante un caso de esta forma cruel y aberrante de esclavitud.
En cuanto al país, la corrupción y la falta de unidades especializadas son dos de las principales deficiencias en este campo. Por ejemplo, un reportaje de Informe La Razón publicado en julio daba cuenta de la existencia de una red que explotaba sexualmente a menores en la sede de gobierno, y que cinco investigados presentaron pruebas suficientes para incriminar a los responsables. Sin embargo, la denuncia quedó archivada.
Como éste, son varios los ejemplos que ponen en evidencia la “prosperidad” de este macabro negocio en el país, capaz de comprar conciencias y favores en todos los niveles; pero a la vez interpelan a toda la sociedad a dejar la indiferencia y luchar contra este terrible delito que, por amor al dinero, no discrimina entre clases sociales ni entre niños o adultos.
