En Bolivia existen 52 instituciones, públicas y privadas, dedicadas a la educación superior universitaria. ¿Hay en ellas vientos de cambio? Hoy se habla poco de su reforma. Al igual que sucedió en los años 90, hoy Bolivia se encuentra frente a un Gobierno en el campo universitario con débil capacidad instrumental, aunque cuente en el campo político con una mayor hegemonía y legitimidad social, y por tanto, con mayor poder y capacidad de decisión.
Empero, las universidades, tanto públicas como privadas, han logrado frenar las iniciativas de reforma, y concretar nuevos pactos, que más allá de pequeñas modificaciones, reproducen el statu quo. La situación de las universidades públicas y privadas prácticamente no ha cambiado con relación a lo que prevalecía décadas pasadas, salvo porque el número de instituciones privadas se ha incrementado. También se incorporó el tema de la interculturalidad y saberes indígenas en el discurso gubernamental, aunque se ha avanzado muy poco en su implementación, pero de todas maneras significa un vuelco importante. Sin embargo persisten dudas sobre si las instituciones públicas y privadas serán capaces de acompañar los procesos sociales y políticos de transformación en curso, o si por el contrario veremos a instituciones universitarias opuestas a cualquier tipo de transformación de su estatus jurídico, político y pedagógico.
Los cambios nuevamente son más evidentes a nivel discursivo. El enfoque con que se aborda la problemática de la educación superior universitaria y las fuentes que inspiran el relato gubernamental son distintos a los enarbolados por los gobierno precedentes. Si antes, a fines del siglo XX, se tenía el peso de los organismos internacionales, hoy existe la presencia de grupos de poder, movimientos sociales o sindicales, con intereses particulares y corporativos de mantener abierto el acceso de sus vástagos a la universidades.
Por otra parte, en comparación con la agenda de los años 90, vemos que si inicialmente se bosquejó una tendencia, contraria a la tendencia privatizadora del pasado e incluso muy crítica a la tradicional autonomía universitaria, no se han hecho presentes dispositivos que posibiliten una reversión de la situación. Por otra parte, si en la década pasada se hablaba de calidad como pivote de la reforma universitaria, ahora se enfatiza en la inclusión social, con procesos de discriminación positiva para los indígenas. Frente a la reducción presupuestaria planteada en esos mismos años, el Gobierno, aunque con reticencia, se obliga de manera indirecta a un financiamiento estatal ciego, aumentando los subsidios y beneficios para los estudiantes y mejorando las condiciones de trabajo de los docentes. Frente a la selectividad del acceso estudiantil, se plantea la ampliación del acceso a la educación pública, y por tanto, se las fuerza a sostener el crecimiento del sistema. Frente a la expansión del sector privado, se continúa autorizando universidades privadas y no se establece un claro marco regulatorio para ellas. Se considera además a las entidades privadas como parte indivisible del sistema universitario y no un “aparte”, como hasta ahora ocurría, aunque no se han señalado las modalidades y consecuencia de la posible vinculación con las entidades públicas. Urge, pues, reabrir el debate sobre las universidades y su reforma.
