En su artículo publicado en La Razón el 21 de septiembre, mi colega el embajador de España expone la posición de su gobierno sobre Gibraltar, un Territorio de Ultramar (no colonia) del Reino Unido, y parte de la Unión Europea. Él menciona brevemente el Tratado de Utrecht de 1713 sólo para descartarlo como irrelevante, en razón a “qué lejos queda todo eso”. Sin embargo, es un tratado vigente y relevante, pues cedió Gibraltar al Reino Unido a perpetuidad.
El derecho a la autodeterminación del pueblo de Gibraltar debe ser el punto de inicio en cualquier consideración sobre el futuro del territorio. La ONU no ha dicho que la integridad territorial es más importante que la autodeterminación. En 2010 el secretario general Ban Ki-moon dijo: “Los 16 territorios que aún no se gobiernan a sí mismos deben tener completa libertad para decidir su futuro estatus… Es esencial para el pueblo interesado comprenda las opciones relativas a su estatus político y poder ejercer su derecho a elegir libremente su futuro”. El derecho a la autodeterminación está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En 2008, la Asamblea General de la ONU (Cuarto Comité) reiteró que éste era un “derecho universal”.
Desde el 26 de julio de este año, las acciones del Gobierno español para presionar a Gibraltar han aumentado significativamente. Se han introducido controles desproporcionados y morosos en la frontera Gibraltar-España, provocando demoras hasta de siete horas, que han afectado tanto a los gibraltareños como a los miles de españoles que se trasladan a Gibraltar para trabajar. Además, las personas que cruzan la frontera han reportado un comportamiento agresivo por parte de oficiales de la Guardia Civil, traídos desde otras partes de España para llevar adelante los controles más fuertes. Estas medidas son desproporcionadas y tienen una clara motivación política, ya que fueron introducidas inmediatamente después de que el Gobierno de Gibraltar creara un arrecife artificial en aguas gibraltareñas.
La creación del arrecife fue legal y forma parte del plan de manejo ambiental a largo plazo del Gobierno de Gibraltar, con el fin de mejorar las reservas pesqueras y regenerar el hábitat. La propia España ha creado más de 100 de esos arrecifes por razones ecológicas. En todo caso, Gibraltar —como buen vecino— está a punto de formalizar acuerdos que permitirían a los españoles pescar en sus aguas.
España intenta justificar sus acciones con argumentos como que Gibraltar es un paraíso fiscal. La OCED incluye a Gibraltar entre aquellas jurisdicciones que han implementado sustancialmente el estándar de impuestos acordado internacionalmente. Como centro de servicios financieros al interior de la Unión Europea, Gibraltar cumple con las directivas y regulaciones de la UE para servicios financieros, impuestos y lavado de dinero.
A los lectores les puede interesar algunos paralelismos con Ceuta, un territorio español enclavado en el norte de Marruecos (África del norte), tres veces más grande que Gibraltar en superficie y con 79.000 habitantes. Ceuta fue tomado de Portugal en 1640 y cedido formalmente a España bajo el Tratado de Lisboa en 1668 (¿qué lejos queda todo eso?). Al igual que Gibraltar, Ceuta no pertenece al territorio aduanero de la Unión Europea, allí no se aplica el IVA y goza de un régimen de impuestos reducidos.
Estamos trabajando con el Gobierno de Gibraltar para mantener las relaciones de buena vecindad con España. Queremos que las divergencias con España se resuelvan mediante el diálogo, pero el actual Gobierno español ha rechazado el Foro Trilateral para el Diálogo, que fue exitoso por varios años y generó beneficios para las comunidades en ambos lados de la frontera. El Reino Unido y Gibraltar continúan fuertemente comprometidos con las conversaciones trilaterales en el largo plazo. Hemos ofrecido llevar adelante negociaciones ad hoc entre todas las partes interesadas y sin obsesionarnos con los formatos, pero esto debe hacerse con la participación y consentimiento del Gobierno de Gibraltar.
El pueblo de Gibraltar ha expresado repetida y abrumadoramente su deseo de permanecer bajo soberanía británica, y respetaremos su derecho a la autodeterminación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Respetaremos los deseos del pueblo de Gibraltar y protegeremos el derecho que tienen a decidir su propio destino.
