La masacre que hace una década dejó en Bolivia más de 60 muertos y medio millar de heridos vuelve a la memoria en estos días con evocaciones y homenajes. Vuelve también con la convicción de que esos hechos luctuosos protagonizados por el gobierno del MNR, MIR y NFR no pueden repetirse. Y vuelve con algunos debates sobre los responsables de la llamada “guerra del gas”.
A propósito de lo ocurrido en septiembre y octubre de 2003, el Informe Especial de La Razón publicado el lunes, así como el libro La última tarde del adiós del periodista Boris Miranda, demuestran que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de confianza Carlos Sánchez Berzaín planificaron, organizaron y activaron una guerra. Estaban decididos a derrotar o al menos contener a los movilizados. Los veían como “desestabilizadores” y hablaban incluso de un “foco guerrillero”.
Apenas dos días después de asumir el gobierno, el 8 de agosto de 2002, Goni posesionó una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas que no sólo era de confianza, sino “de mano dura”. Eran las fichas de Sánchez Berzaín para la represión. De inmediato se puso en vigencia el Manual de uso de la fuerza, que regulaba el empleo de armas y brindaba cobertura legal (carta blanca) a las operaciones militares. Peor todavía: definía como “actos subversivos” a los bloqueos, las marchas, las manifestaciones sociales.
Luego vendría el Plan República (enero de 2003) que, en nombre de la “estabilidad con orden”, habilitaba al Ejército con sus grandes unidades y fuerzas especiales a ejecutar operaciones “aplicando los principios de masa y sorpresa”. Otra vez el enemigo declarado eran bloqueos, disturbios, conflictos sociales. Y en agosto de ese año, completando el triángulo junto al Manual y al Plan, se promulgó la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, con el propósito expreso de criminalizar la protesta ciudadana.
Esas normas para el uso de la fuerza estatal se activaron el 11 de septiembre de 2003. Luego vendría el operativo de “rescate humanitario de turistas” con su secuela de violencia y muerte en Ilabaya y Warisata. Y en octubre, en medio de la ceguera gubernamental y un presidente que repetía “Yo no voy a renunciar”, la guerra de los Sánchez se convirtió en masacre, especialmente en El Alto. El llamado “convoy de la muerte” (hoy negado con cinismo por algunos voceros del gonismo) es una trágica muestra de ello.
Así, aunque es evidente que la resistencia a las fuerzas militares se hizo en algunos casos de forma violenta —incluso con el uso de armas—, ello dista abismalmente de la hipótesis hoy agitada por los Sánchez desde su refugio en Estados Unidos en sentido de que en octubre de 2003 hubo un golpe de Estado. Nada más falso también que atribuir las muertes a los dirigentes o, peor, a las víctimas. Los que tuvieron manuales, planes, leyes y fuerzas armadas para matar deben responder por la masacre.
