El martes, coincidiendo con la semana en la que el país recuerda los luctuosos hechos de octubre de 2003, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto convocó a un paro cívico en demanda de un pliego de más de 20 puntos, entre los que se encuentran la exigencia de un escaño legislativo y tres espacios en el gabinete ministerial.
Llama la atención la fecha elegida para el paro, puesto que en los días previos algunos dirigentes alteños —actuales y tradicionales— habían impulsado un ambiente propicio para la movilización social, al sugerir en declaraciones a la prensa que hace diez años hubo gente que se aprovechó de las movilizaciones populares como trampolín de proyección política, aludiendo a autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo.
Las demandas de la Fejuve alteña van desde un fondo compensatorio para El Alto por las jornadas luctuosas de 2003 (en otras palabras, dinero en efectivo para compensar el luto), hasta la construcción de un nuevo y moderno aeropuerto, pasando por la inmediata implementación de un transporte masivo y la restitución de los ministerios de Agua y Medio Ambiente, Desarrollo Productivo y Trabajo, otrora dirigidos por representantes de la urbe alteña.
Como último punto, el pliego también exige la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, justo detrás de la demanda de descentralizar EPSAS, Derechos Reales, el Órgano Judicial y otras reparticiones estatales. De esta manera, la memoria histórica de las jornadas de octubre de 2003 queda reducida a un pliego de reivindicaciones regionales, asociadas esencialmente a infraestructura y recursos.
En este contexto, no podemos dejar de recordar la estatura moral de la población de base que, movilizada una década atrás, enarboló demandas que iban más allá de lo territorial, más allá de la gestión de infraestructura y más allá de alguna cuota de mayor o menor rango en alguna repartición estatal. Pues si de cuotas y muertos se trata, Warisata —por poner un ejemplo— no pidió nada. Y es que las jornadas de octubre pretendían diseñar otro país, no otra ciudad ni otra estructura burocrática. Tampoco podemos dejar de rendir un modesto homenaje a aquellos hombres y mujeres que con su lucha nos señalaron que este país, ante todo, necesitaba inclusión, una democracia de más alta intensidad y un rol del Estado en favor de aquellos compatriotas históricamente marginados.
Ese es el principal legado de octubre de 2003, un Estado que ya no se queda como espectador, una sociedad reconocida en su pluralidad y en sus modalidades de vida comunitarias, un país con mayores grados de inclusión social (aunque en este aspecto aún queda mucho camino por recorrer) y finalmente una economía con mayor solidez.
