El siguiente fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ), previsto para fines de año, será el que defina la suerte del litigio que enfrentan Perú y Chile por la frontera marítima. Ante la proximidad de la decisión, conviene precisar cuál es el contenido de la demanda peruana, construida y trabajada desde 1977 cuando el almirante en retiro de la Armada del Perú Guillermo Faura publicara El mar peruano y sus límites, formulando la tesis en sentido que el Perú debe modificar su demarcación marítima con Chile ampliando su soberanía y jurisdicción.
Según el análisis de Faura, los convenios suscritos por Perú (la Declaración de Santiago de 1952 y al Convenio Complementario de 1954 suscrito entre Perú, Chile y Ecuador) son enteramente desfavorables a su país, por cuanto la delimitación marítima obedeciendo al paralelo geográfico es inequitativo y disminuye notoriamente la zona marítima peruana. La tesis de Faura fue reforzada por Eduardo Ferrero Costa, intelectual peruano que publicó otro libro en 1979: El nuevo derecho del mar: el Perú y las 200 millas”. Años más tarde (1986), el embajador Juan Miguel Bákula presentó oficialmente al canciller chileno Jaime del Valle un memorándum advirtiendo la necesidad de que ambos países delimiten su frontera marítima.
Las declaraciones tripartitas sobre derechos de pesca de 1952 y 1954 tienen como precedente la política del presidente Harry Truman, que ya en 1945 formuló una política pesquera que le permitía a EEUU una mayor presencia en las costas y en alta mar. La política norteamericana generó reacciones en América Latina. México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador formularon planteamientos para acceder a los recursos naturales del mar adyacente a sus costas y extendieron sus dominios marítimos a 200 millas náuticas. Nacieron los conceptos de mar territorial y plataforma continental, más tarde incorporados en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (1982).
Por tanto, el quid de la demanda peruana se asienta en la inexistencia de una delimitación marítima con Chile, aduciendo Perú que las declaraciones de 1952 y 1954 no contienen sino aspectos relacionados con la pesca y las políticas de vigilancia respecto a esta actividad económica, pero que en ningún caso constituyen un límite marítimo.
Perú le pide a la CIJ que determine el límite marítimo entre ambos países con criterios de equidad. Además, Perú incluye dos solicitudes en su demanda, la primera referida al punto de partida del límite marítimo; y la segunda, al triángulo exterior que se generaría precisamente a partir de una delimitación marítima equitativa, que no obedezca al criterio del paralelo geográfico.
El punto de partida del límite marítimo es un límite en la tierra definido por el Tratado de Lima de 1929, que puso fin a un tema pendiente hasta entonces: el destino de las provincias peruanas de Tacna y Arica que estaban bajo dominio chileno a consecuencia de la Guerra del Pacífico. Perú plantea que dicho punto de partida debe comenzar en el “punto Concordia”, como indica el tratado y no como se habría distorsionado posteriormente en una medición y señalamiento de hitos fronterizos por delegados de ambos países.
He intentado explicar de manera sucinta la demanda peruana que se encuentra en La Haya. Más adelante expondré la posición chilena que por supuesto rebate los argumentos del Perú. Finalmente me referiré a la presencia de Bolivia en el litigio marítimo entre Perú y Chile, toda vez que nuestro país ha sido mencionado dentro del expediente que conoce la CIJ, especialmente en el tema referido a los documentos anteriores y posteriores al “Abrazo de Charaña”, que protagonizaron los expresidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet en los 70 con la finalidad de otorgarle a Bolivia una salida soberana al Pacífico.
