El cinismo político, está visto, no tiene límites. Lo irritante no es tanto la insostenible tesis de que en septiembre-octubre de 2003 hubo un “golpe de Estado financiado desde el exterior”. Tampoco que diez años después pretendan hacernos creer que la masacre “no existió”. Lo deplorable es la pestilente-oportunista reaparición de los voceros del gonismo repitiendo sus “verdades” ad nauseam.
Veamos el reciclado mensaje de estos prófugos de la Justicia boliviana. Aseguran que el expresidente Sánchez de Lozada fue “derrocado” en medio de conspiraciones y traiciones. Sostienen también que la “guerra del gas” fue una vendetta contra su gobierno. Y juran que la agenda de octubre fue un pretexto agitado por Evo y el Mallku para tomar el poder. ¡Qué tal!
Semejantes afirmaciones, con apego a la historia y en homenaje a la memoria, pueden provocar risa, desprecio y/o indiferencia. Eso depende. Sobre todo cuando llegan envasadas en la arrogancia verbal de quienes, desde sus guaridas, se (re)presentan hoy como “perseguidos políticos”. Y advierten, más tarde que nunca, con volver. Falta que, como hacen en sus foros en Miami, digan que están opinando como “expertos” o, peor, “analistas independientes”.
¿Qué hacer contra estos “olvidadores” para quienes las víctimas, resultantes de acciones militares como la “Caravana de la muerte”, son apenas “falsas memorias”? Sugiero echarles en cara, lo menos, 60 nombres:
José Luis Atahuichi Ramos (44 años), Ramiro Vargas Astilla (22), Demetrio Coraca Castro (62), Ismael Marcos Quispe (20), Juan Cosme Apaza (44), Marlene Nancy Rojas (8), Sergio Vargas Castro (19), Arturo Mamani Mamani (42), Marcelo H. Cussi Vargas (21), Domingo Mamani Mamani (32), Jacinto Bernabé Roque (61), Édgar Lecoña Amaru (20), Jaime V. Quispe Zacarías (30), Braulio Callizaya Dorado (38), Benita Ticona (45), Florentino Poma Flores (34), Rosendo Riolobos Alba (43), Raúl Huanca Márquez (70), Juan Carlos Barrientos (32), Germán Carvajal Valencia (36), Víctor Arcani Ticona (36), Filomena León Mendoza (36), Serapio Arnada Calle (40), Wálter Huanca Choque (25), Álex Llusco Mollericona (5), David Salinas Mallea (29), Juan Carlos Gutiérrez Tinta (23), Marcelino Cuty Mamani (sin dato), Nicolás Morales Choque (24), Luis Reynaldo Cusi Quispe (22), Francisco Ajllahuanca Alanoca (43), Luis Fernando Quelca (16), Manuel Yanarico Janco (35), Damián Luna Palacios (30), Efraín Mita Quispe (22), Edmundo Charcas Choque (41), Marcelino Carvajal Lucero (59), Roxana Apaza Cutipa (19), Constancio Quispe Mamani (43), Máximo Vallejos Caiza (21), Augusto Hilari Pari (50), Juan Ticona Mamani (68), Damina Larico Maquera (22), Richard Charca Chana (23), Félix Bautista Paco (26), Wilson Hugo Chuquimia Durán (32), José Masías Quispe (30), José Miguel Pérez Cortez (40), Félix Javier Quispe Tacco (23), Enrique Héctor Marín Limache (40), Marcelo Chambi Mollinedo (sin dato), Teodocia Morales Mamani (38), Jhonny Sunavi Quispe (28), Narciso Colque Mamani (26), Lucio Santos Gandarillas Ayala (33), Carmelo Mamani Patzi (47), Eduardo Hino Baltasar (35), Roberto Huanca Porce (34), Vidal Pinto Blanco (21) y Wiler Ortiz Córdoba (35).
Ahí están, desmintiendo a los voceros del gonismo, estos 60 compatrio- tas a quienes en septiembre-octubre de 2003 les fue arrebatado el derecho humano más elemental: a la vida. Casi todos ellos murieron por impacto de bala. Y no son fantasmas. Ni sólo recuerdos. No constituyen un dato más para la historia nacional de la infamia o la “estadística” de la violencia estatal. Son personas cuya identidad bien vale la pena recordar como asignatura pendiente de justicia y como antídoto-muralla contra la impunidad.
Nuestra convivencia democrática, el proceso de cambio, la agenda de octubre, exigen que quienes detentaron el poder y dieron órdenes para matar sean extraditados para asumir su defensa en un juicio público y justo. Es la única forma en la que estas personas, sépanlo bien, volverán.
