En octubre de 2003, cuando miles de familias alteñas lloraban a sus muertos a raíz de una cruenta masacre ordenada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la prensa derechista de aquel entonces, en un primer momento, quiso minimizar esa sangrienta matanza y, luego, al ver que El Alto se convertía en un campo horroroso donde los muertos estaban desparramados, ocultó las cifras y buscó “chivos expiatorios”. Por ejemplo según un editorial, la causante de la matanza fue la “dictadura sindical”, promovida por “el hábito del castigo que imponen las dirigencias sindicales o vecinales para atemorizar a los vecinos, que terminan rindiéndose por un instinto de precaución”. Esta descripción periodística tenía el propósito de (de)mostrar a los sublevados alteños casi como “borregos amaestrados”, ofrendando inocentemente sus pechos a las balas letales.
La cuestión, al final, no fue la manía inescrupulosa y descontextualizada del tratamiento informativo en el (de)curso de la “guerra del gas”; el problema fue, entonces, cuántos muertos se toleraron. La prensa conservadora de ese entonces no sólo menguó los acontecimientos sangrientos, sino que, en ciertos momentos, a través de sus columnistas y sus editoriales, además invocaron a la defensa de la democracia. “Para este medio la democracia fue una consigna constante e intransigente”, rezaba un editorial, casi como si fuera una marca genética.
¿Pero qué democracia defendían? Nada menos que la democracia pactada que beneficiaba a una partidocracia venida a menos, que legitimó el neoliberalismo. El único desvelo que tenían estos editorialistas o columnistas era por el “modelito”: el orden democrático neoliberal que estaba en vilo. Un editorial decía enfáticamente: “Por una experiencia similar pasaron ya otros pueblos latinoamericanos que agobiados por la impaciencia y desesperación se embarcaron en aventuras ‘refundadoras’ encabezadas por caudillos que ofrecían dos panaceas: cambiar el modelo económico y sustituir la democracia representativa por una imaginaria democracia participativa”. Eso, para esa prensa derechista indolente y mezquina, era el asunto de fondo, los muertos y el dolor respectivo no significaban (prácticamente) nada.
De allí que para esta prensa su preocupación estribaba en la supuesta “caída de la imagen nacional” en los inversores extranjeros, sobre todo en las trasnacionales, y “por el riesgo crediticio soberano de Bolivia”, y alertaban apocalípticamente que, gracias a la “guerra del gas”, Bolivia transitaba peligrosamente por la cornisa: “Al borde del desastre económico”, titulaba un editorial. Se trataba de proyectar un escenario signado por la incertidumbre, el miedo y la zozobra, en torno a lo que se venía inexorablemente: la refundación estatal.
Detrás de este discurso propalado por esta prensa, la élite política de aquel entonces se aferraba, casi por un instinto de sobrevivencia, a evitar que el orden democrático neoliberal colapsara. Por eso, depositaba su última esperanza en el gobierno transitorio presidido por Carlos Mesa. Esa prensa le imploraba “una ardua tarea de velar por el manejo de la economía dentro de los parámetros de la racionalidad”. Esa racionalidad era la racionalidad neoliberal. En suma, a esta prensa derechista de 2003 no le interesaba el infierno dantesco provocado por el gobierno de Sánchez de Lozada en el decurso de la “guerra del gas”, sino por el abismo que ellos avecinaban si el orden democrático neoliberal llegase a su ocaso.
