Ante las últimas y equivocadas declaraciones realizadas sobre fideicomisos públicos, es imprescindible aclarar la realidad y evitar que una versión sesgada y tendenciosa limite la perspectiva de los ciudadanos. Afirmar que un fideicomiso se constituye en una especie de cheque en blanco para financiar desordenada y coyunturalmente “toda clase de ideas” y esquivar controles de la administración pública no es más que una negación malintencionada de las características propias de un fideicomiso. Debe quedar muy claro que un fideicomiso público es un instrumento jurídico financiero, a través del cual las entidades públicas (fideicomitentes) transmiten bienes y/o derechos públicos a una entidad financiera, denominada fiduciario, para que los administre a fin de cumplir una finalidad lícita, determinada y de interés público.
Al igual que en otros países de Latinoamérica y el mundo, en Bolivia los fideicomisos se emplean como un instrumento que permite garantizar recursos para la ejecución ininterrumpida de proyectos y programas públicos, con una administración independiente y con estrictos mecanismos de seguimiento y control, para lograr la finalidad establecida para cada fideicomiso; razones más que suficientes para aprovechar las bondades de este instrumento en beneficio del país.
Contrariamente a lo manifestado por “los nuevos investigadores de fideicomisos”, la constitución de un fideicomiso se da a partir de una cuidadosa planificación y diseño de funcionamiento, para ejecutar proyectos de interés nacional y fomentar a sectores productivos excluidos por el sistema financiero tradicional. Como nunca antes, en la actual gestión de gobierno, se han introducido en la legislación nacional disposiciones orientadas a regular el buen uso de este instrumento, establecer medidas de seguimiento, responsabilidades tanto para el fideicomitente como para el ministerio cabeza de sector, sin dejar de lado que a los fideicomiso (como en ningún otro caso) les son practicadas auditorías, tanto externas como internas; sus contratos son remitidos a la Contraloría General del Estado y las operaciones que realiza el fiduciario (banco) son controladas y supervisadas por la Asfi.
Existen lapsus comprensibles para los “nuevos investigadores de fideicomisos públicos”, pues esta figura tiene características muy peculiares, pero confundir un fideicomiso con aporte de capital (Enabol); sus condiciones de administración con aquellas aplicables a créditos del BCB; compararlos con contratos de riesgo compartido; o peor aún insinuar que podrían ser usados sin saber cómo, omitiendo que un fideicomiso nace y funciona en torno a una finalidad determinada, que es objeto de seguimiento y control por parte de varios actores, pone en evidencia lo poco o casi nada que se sabe al respecto, el nivel de la investigación realizada y la intención de confundir a la población con fines proselitistas.
En definitiva, el fidecomiso público en la Bolivia de hoy es un instrumento que contribuye al desarrollo de un país, que garantiza la ejecución de proyectos y políticas de gobierno, y que por sus características particulares se constituye en una herramienta útil, versátil y sólida, para llevar adelante con transparencia y eficacia políticas de gobierno en beneficio de la población.
Todo personaje que se precie de candidato a administrar nuestro país debe, sin lugar a dudas, conocer a cabalidad las características y realidad de este instrumento y no incurrir en análisis equivocados producto de la ignorancia o su mala fe.
