Finalmente, luego de 14 meses de persecución fiscal, la presentadora de televisión Milena Fernández recibió el respaldo de la presidenta de Diputados y de organizaciones de periodistas. Fernández ha sido imputada por la Fiscalía de Oruro bajo el cargo de “discriminación e incitación al racismo” por haber dicho en un programa televisivo que en carnavales la ciudad de Oruro se pone fétida. Una declaración desafortunada, sin duda, sobre la cual Milena pidió reiteradas disculpas.
La presidenta de la Cámara Baja fue enfática al señalar que la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación no se aplica al caso de Fernández, por lo que anunció dos acciones: convocar al Fiscal General para que explique esta “distorsión de la ley” y facilitar un espacio de conciliación con la impulsora de la demanda penal, la alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel (MSM).
El forzado “caso” Milena, además de constituir una evidente distorsión de la letra y espíritu de la ley antirracismo, da cuenta de una intolerable violación a la libertad de expresión de la presentadora del canal estatal. Por eso es saludable que también la Asociación de Periodistas y el Colegio Latinoamericano de Periodistas hayan fijado una posición ante este condenable atropello del ministerio público.
