Cuando se acerca la fecha en que se revisará internacionalmente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, articulados originalmente alrededor de las preocupaciones sobre la pobreza en el mundo, ya se anuncian nuevos enfoques y propuestas por parte de los organismos multilaterales y algunas agencias regionales. En América Latina, por ejemplo, existen iniciativas para adoptar un nuevo paquete de objetivos y metas de desarrollo para después de 2015, tomando en cuenta que, salvo pocas excepciones, los países latinoamericanos han cumplido satisfactoriamente con los objetivos establecidos en los campos de reducción general de la pobreza y mejoras en los ámbitos de la salud, la educación y la vivienda.
Como consecuencia del buen desempeño económico de los diez años pasados, alcanzado en general gracias a la sustancial mejora de los términos del intercambio, efectivamente se ha reducido la proporción de pobres en la región. Tal situación se ha visto favorecida además en varios países por la aplicación de diversas medidas de inclusión social, redistribución de activos productivos, aumento del gasto social, transferencias monetarias condicionadas y recepción de remesas de los trabajadores emigrados.
A pesar de la persistencia de ciertas situaciones rebeldes de indigencia y pobreza en algunos países, el panorama social de América Latina presenta ahora características diferentes de las que prevalecían a comienzos de la década de los 90; es decir, inmediatamente después de la llamada “década perdida” en que la región se vio forzada a realizar enormes sacrificios de bienestar social para cumplir con el servicio de la deuda externa.
Cabe señalar, sin embargo, que los logros alcanzados en general en la reducción de la pobreza de ingresos han sido acompañados por un aumento enorme de la desigualdad, fenómeno que se observa también en las economías industrializadas, en las economías denominadas emergentes y asimismo en las de menor desarrollo económico relativo en Asia, África y América Latina. En lo que atañe a esta última, todo indica que se han abierto notablemente las brechas de ingreso entre el 5% más acomodado de la sociedad y el 20% de los menos favorecidos, sin menoscabo de que una parte de los antiguos pobres haya ascendido a una nueva categoría denominada “capas vulnerables”.
En tal contexto, la discusión sobre la orientación de las políticas públicas se está desplazando de la focalización en los pobres a la preocupación por las condiciones de las capas vulnerables, definidas como todas aquellas familias con un ingreso medio anual de cada uno de sus miembros entre $us 1.460 y $us 3.650. Por debajo de tal ingreso estarían los propiamente pobres, y por encima las capas medias (hasta el umbral de $us 18.250 de ingreso anual per cápita) y más arriba, los ricos. Nótese, en primer lugar, la enorme distancia existente entre las cifras medias de América Latina y las que ostenta nuestro país.
En segundo lugar, en la literatura especializada se ha destacado innumerables veces que el ingreso no es el mejor indicador de la pobreza ni tampoco de la desigualdad. Se trata apenas de una aproximación preliminar que debe ser ampliada con una serie de otros aspectos y condiciones que definen las diferencias sociales, así como los mecanismos de transmisión de la desigualdad entre una generación y las siguientes.
Baste mencionar por de pronto que los aspectos mayormente determinantes de la desigualdad social están vinculados con las diversas formas de exclusión y discriminación en el mercado laboral, la calidad de la educación y las condiciones de la vivienda y acceso a los espacios públicos, en ciudades y servicios básicos cada vez más fragmentados entre los distintos sectores sociales.
