De los varios conflictos por límites urbanos que afronta el municipio de La Paz, el más agudo y difícil de resolver será el que tiene con el municipio de Palca, que reclama para su jurisdicción poco más de un tercio de la actual mancha urbana de la sede de gobierno. Los esfuerzos de la Gobernación del departamento para encontrar una solución no parecen suficientes.
La semana pasada, con el auspicio del gobierno departamental paceño, representantes legales de los gobiernos municipales de La Paz, Mecapaca, Laja, Achocalla, Viacha, Pucarani y El Alto acordaron acogerse a la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales para zanjar sus diferendos. Palca no asistió al encuentro y anunció que iba a definir su posición en un cabildo. Finalmente el lunes, dirigentes de organizaciones sociales y juntas vecinales de Palca decidieron acogerse a la Ley de Unidades Político Administrativas (UPA) de 2000 para resolver su diferendo con La Paz, lo que significa que el procedimiento para acabar con la disputa tendría que seguir un tortuoso proceso que involucra al Órgano Judicial.
El problema entre ambos municipios data de hace poco más de dos décadas. Palca basa su derecho en títulos ejecutoriales que fueron entregados durante la Reforma Agraria, y La Paz, en la Ley 1669, que define sus límites, aunque cuando fue publicada no se adjuntaron mapas. El municipio vecino reclama a La Paz 36.508,39 hectáreas, que representa más de un tercio en la mancha urbana, y abarca los barrios: Callapa, Alto Irpavi, Irpavi II, Achumani, Ovejuyo, Chasquipampa, Chuquiaguillo, Apaña y Chinchaya, San Miguel, Alto y Bajo Auquisamaña, entre otros.
Como es fácil concluir, la motivación del gobierno local de Palca se basa en la posibilidad de recaudar tributos en las zonas arriba mencionadas, que representan las de mayor crecimiento demográfico y con más construcciones nuevas. En ese contexto, el Subalcalde de Palca convocó hace un mes a los moradores de Chasquipampa y Ovejuyo a cambiar los registros legales de La Paz a Palca, con el fin de tributar en ese municipio. Según él, a la fecha 80% de los vecinos respondieron al llamado.
Por su parte, el Director Jurídico del Gobierno Municipal de La Paz advirtió que se tomarán acciones contra autoridades y ciudadanos que hayan migrado. “Si hay conglomerados vecinales que opten por Palca, entonces nosotros retiraremos los servicios de alumbrado público y de recojo de basura que prestamos. En el caso de migraciones individuales, se continuará con los procesos de fiscalización”, recalcó.
Es, pues, deseable que la Gobernación redoble sus esfuerzos a fin de hallar una solución al embrollo; de lo contrario, el efecto inmediato será un desorden en la provisión de servicios públicos, lo que afectará la calidad de vida de los habitantes de ambos municipios.
