El martes, por primera vez un grupo de organismos no gubernamentales (ONG) que conforman la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) presentó un informe público sobre sus actividades realizadas en 2012. La novedosa acción es una respuesta a la desconfianza del Gobierno respecto de las actividades de estas instituciones.
En efecto, desde hace años, luego de constatarse que algunas ONG, definitivamente no todas, que trabajan con recursos de la cooperación extranjera estaban desarrollando proyectos y programas cuyo efecto podía ser dañino para la gobernabilidad democrática, impuso un sistema de control de las donaciones y otras transferencias monetarias que consiste en registrarlas en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Más adelante, al constatarse que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) evadía este control, el Ejecutivo decidió expulsarla del país, lo cual afectó a algunas ONG que funcionaban con esa fuente de recursos, no sólo en lo estrictamente financiero, sino también en su imagen, pues podían ser fácilmente identificadas con intereses desestabilizadores.
De ahí que sea tan relevante la iniciativa de UNITAS, pues sirve como antecedente y ejemplo a seguir en materia de transparencia. La directora del grupo de ONG señaló que anteriormente se entregaban informes, pero eran internos y para las comunidades beneficiadas por los proyectos de desarrollo productivo y de derechos humanos, los ejes sobre los que trabajan las instituciones de UNITAS, distribuidas en 141 municipios del país.
A su vez, el director de la institución en 2012 consideró que la participación de los organismos de cooperación internacional ha bajado en Bolivia desde 2010 debido a la falta de comprensión del Gobierno sobre su aporte. “Ha subvalorado nuestras capacidades, nos ven como algo marginal”, opinó. Según el informe, desde 1982, UNITAS elaboró 12 proyectos de largo alcance. De las 25 instituciones de la red, diez están en La Paz, ocho en Potosí, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz; siete en Chuquisaca y Tarija; y dos en Pando y Beni.
Precisamente a la luz de la experiencia de UNITAS cabe destacar la importancia de debatir el aporte que las ONG pueden hacer al desarrollo del país, pues si bien el Gobierno y sus instituciones tienen un claro mandato constitucional de velar por la satisfacción de todas las necesidades de la población, no es menos cierto que desde la sociedad civil se pueden hacer aportes igualmente importantes.
Es excelente, pues, la iniciativa de UNITAS, ya que con su ejemplo se abre un camino para que el resto de estas instituciones aprenda a transparentar su gestión y haga visible su aporte al desarrollo del país. En el mediano plazo puede ser el cedazo que separe a las ONG buenas de las malas.
