El informe Doing Business 2014 del Banco Mundial (BM), que evalúa la facilidad para hacer negocios en 189 países desde la perspectiva normativa, sitúa a Bolivia en el puesto 162, retrocediendo dos posiciones respecto a 2013, pese a que en el último año el país mejoró su calificación de riesgo y atrajo mayores inversiones para sostener un crecimiento del PIB cercano al 6%.
Esta aparente contradicción motivó el rechazo de los resultados por parte de los representantes del sector empresarial boliviano, quienes sugirieron al BM modificar el método que utiliza para elaborar ese estudio, sobre todo respecto a la realidad económica, que es la base para emprender cualquier tipo actividad empresarial. Incluso el representante de ese organismo en el país señaló que en Bolivia sí se puede invertir, y manifestó su intención de solicitar a los responsables del estudio incorporar las sugerencias mencionadas. Realizadas estas consideraciones, el informe trata sobre diez criterios regulatorios que permitirían a los pequeños y medianos empresarios invertir mitigando riesgos normativos.
Estos factores están asociados a la existencia de un marco legal de protección de inversiones, la facilidad para abrir y obtener el registro de propiedad de un negocio, la agilidad para obtener permisos de construcción y acceso a electricidad, la existencia de garantías legales para forzar el cumplimiento de contratos, la aplicación de procedimientos aduaneros que faciliten el comercio exterior y la adecuación de procedimientos para la declaratoria de quiebras.
Es evidente que estos factores de calificación tienen una orientación legal antes que de estabilidad macroeconómica o estructura de mercados. Por lo tanto, desde un enfoque integral, que considere de manera conjunta lo económico y normativo, el informe del BM puede resultar incompleto y con el riesgo de generar percepciones erradas sobre el de- sempeño y avances económicos de los países sujetos a la medición.
Sin embargo, es pertinente una reflexión colectiva sobre la arquitectura legal y normativa para la promoción y desarrollo de la iniciativa privada y empresarial en el país. Primero, es más que necesaria la promulgación de la Ley de Inversiones para dar certidumbre a los emprendedores sobre el grado de protección de sus inversiones. En segundo lugar, urge mejorar la eficiencia de las instancias responsables de emitir los trámites de propiedad y registro empresarial. También es necesario agilizar los procedimientos de solución de controversias y quiebras en los tribunales de justicia, en los que la retardación de fallos es la regla. Finalmente, hace falta desburocratizar los procedimientos aduaneros, que en el último tiempo generan demoras y costos adicionales. Estos aspectos legales son condición necesaria de institucionalidad y punto de partida para la formalización de la economía boliviana.
