Desde hace varios años, cada elección de un centro de estudiantes, federación o rector se convierte en una batalla sin cuartel en las universidades estatales. Por ejemplo, según información publicada por los medios escritos, en los comicios por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, en Tarija, llevados a cabo hace unas semanas, la lucha por el control de los Bs 500.000 que la dirigencia estudiantil de dicha carrera maneja al año —con destino incierto— derivó en peleas campales con palos, piedras, petardos y hasta dinamitas utilizadas por los estudiantes. En contraste, otra noticia destaca los logros alcanzados por la carrera de Ingeniería Textil de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde se enseña toda la cadena productiva de la industria textil, y hasta fin de año se invertirá Bs 325.000 para comprar nuevos equipos destinados a la práctica y enseñanza del estudiantado.
Estos ejemplos contrapuestos muestran cómo las universidades públicas utilizan los fondos que les son transferidos desde el Gobierno central, gracias a la recuperación y comercialización de los recursos naturales, cuyos excedentes hoy son redistribuidos con fines sociales y productivos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las transferencias a las universidades en 2013 sumarán cerca de Bs 3.540 millones, el mayor nivel histórico desde que en 1994 se diera inicio al proceso de distribución de recursos con la Ley de Participación Popular. Este incremento tiene en la coparticipación tributaria su principal fuente de ingreso, con casi el 48%; seguida por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (29%) y los subsidios y subvenciones (23%).
No obstante, llama la atención que gran parte de este dinero se encuentre inactivo en las cuentas de caja y bancos de las universidades, con una tendencia creciente que permitió una acumulación de casi Bs 1.680 millones entre 2009 y 2013, lo que demuestra que una de las mayores debilidades de muchas de estas instituciones es la correcta ejecución de sus recursos. Ejemplos como el de la carrera de Ingeniería Textil de la UPEA son los menos. Al parecer, la mayoría de las casas de estudios superiores no saben qué hacer con el dinero que se les transfiere y/o bajo el manto de la autonomía lo (mal)gastan, entre otras cosas, en entradas folklóricas que a nombre de la cultura ocupan el tiempo de estudiantes, docentes y administrativos.
Ésta es una de las razones por las que urge iniciar un proceso de concientización ciudadana acerca de una nueva forma de distribución de los recursos del Estado, antes de abrir el debate sobre un posible pacto fiscal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 039 de Autonomías y Descentralización.
