Según el Banco Mundial, la mitad de la población boliviana está en transición a la clase media. Además, se estima que el PIB crecerá 6,5% hasta fin de año. Consecuentemente están cambiando los patrones de consumo de la población. En cuanto al sector aéreo, en lo que va del año éste ha crecido 17% y se espera que en las fiestas la tendencia al alza se mantenga.
No obstante, en medio de un festín de cifras auspiciosas, malas noticias empañan el panorama. Hace pocas semanas, ocho personas murieron tras un accidente aéreo en Riberalta; en menos de diez días dos aviones de BoA, nuestra línea bandera, sufrieron percances durante el aterrizaje; lo propio ocurrió con una aeronave del TAM; y es posible que hayan ocurrido otros incidentes que no fueron registrados por la prensa nacional.
La construcción de aviones ha recorrido un largo camino hasta nuestros días. Controles computarizados, radares cada vez más sofisticados, controles por GPS, y una larga lista de innovaciones tecnológicas han incrementado la seguridad de los vuelos. Varias de estas mejoras han sido instaladas en Bolivia, puesto que son necesarias para mantener a nuestros aeropuertos dentro de los estándares internacionales.
A pesar de ello, han ocurrido los incidentes antes señalados. Y cuando esto sucede, el primer lugar donde uno busca una explicación es en el propio avión: ¿las naves que surcan los cielos del país son muy antiguas? ¿Están recibiendo un adecuado mantenimiento? ¿Existen los repuestos necesarios para garantizar su rendimiento y seguridad? Las compañías del rubro son las llamadas a responder estas interrogantes. La pericia de los pilotos es el segundo aspecto en el que se buscan explicaciones: ¿tienen el entrenamiento requerido? ¿Se actualizan regularmente?
La regulación del sector aeronáutico es una de las más rigurosas, y no sólo en las naciones industrializadas, sino en el mundo entero, incluido el país. Como en pocos sectores, cada paso y cada procedimiento están estandarizados, controlados y evaluados cuidadosamente, dejando poco margen de acción para el error humano. Por ello, también el margen de acción para el control social es muy reducido. Incluso en un mercado con tanta concentración como el boliviano, para los 750.000 viajes aéreos que hacemos al año existe solamente un puñado de líneas para presentar una denuncia o hacer una reserva.
Finalmente, cabe preguntar a las entidades del sistema estatal de control (Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil) si están cumpliendo adecuadamente su función, ¿pueden proporcionar a la sociedad explicaciones técnicas acerca de los últimos incidentes ocurridos?, ¿pueden garantizar que la probabilidad de sufrir accidentes en el futuro se va a minimizar? Tienen la palabra.
