Hoy se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ocasión propicia para poner ante los ojos, las mentes y los corazones de la sociedad los datos que muestran cuán extendido está este mal en hogares, escuelas y trabajo, pero también para proponer soluciones y alternativas, pues no basta con conocer la gravedad de la situación.
Según la Organización de las Naciones Unidas, recordar este día ayuda a tener presente que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica. Además, la persistencia de desigualdades por razón de género afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la paz y la seguridad. Esta fecha también sirve para recordar que se trata de una pandemia global, ya que hasta el 70% de las mujeres sufren violencia en su vida, y que la prevención no sólo es posible sino también esencial para revertir esta tendencia.
En Bolivia, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia tipifica 16 formas de violencia a las que pueden ser sometidas las féminas, incluso considerando que en muchos casos las agresiones son aceptadas por sus víctimas como situaciones cotidianas. Según la norma, la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause su muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico; también que le genere perjuicio en su patrimonio, economía, fuente laboral o en otro ámbito cualquiera. La ley se traza tres ámbitos de acción: la prevención, protección y sanción a los agresores.
En enero, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que señala que de 13 países del continente, Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y es el segundo en violencia sexual, después de Haití, razones de sobra para haber promulgado la ya mencionada Ley 348, que introdujo como nuevos tipos penales el feminicidio, el acoso sexual, la violencia familiar o doméstica, la esterilización forzada, el incumplimiento de deberes, los padecimientos sexuales y actos sexuales abusivos. Además, la norma incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas, entre otros. Sin embargo, su implementación aún tropieza con obstáculos por falta de recursos, según ha explicado la Comandante Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, entidad creada en el marco de la Ley 348.
Se han dado, pues, los primeros pasos para transformar una realidad tan lacerante como antigua en la sociedad, y lo que queda hacia adelante es mejorar aún más la capacidad de las instituciones, pero sobre todo trabajar más y mejor en el ámbito de la educación y la prevención.
