En 2009 el diplomático y analista chileno José Rodríguez Elizondo publicó el libro De Charaña a La Haya, en el que formula una hipótesis sobre el futuro de la política exterior chilena respecto a sus vecinos, y critica el “inmovilismo” de su diplomacia frente a Perú y Bolivia. “Desde esa situación de inmovilismo, no ha sido posible asumir lo obvio: que sin Guerra del Pacífico, Bolivia no habría quedado sin mar; sin Tratado de Ancón, Bolivia no habría pretendido volver al mar por Arica; sin Tratado de Lima, no habría existido negociación de Charaña entre Bolivia y Chile; y sin negociación de Charaña, el Perú no habría tenido incentivo eficiente para demandar a Chile, desconociendo medio siglo de statu quo marítimo” afirma este autor.
El premonitorio título del libro que acabo de citar toma forma práctica en los documentos que en 2011 aparecerían reflejados nada menos que en el expediente del litigio que sostienen Perú y Chile por el límite marítimo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. El proceso Charaña (1974-1977) fue incluido por Chile en la réplica presentada ante la CIJ, con el fin de probar que la República del Perú fue consultada en el proceso de negociación que partió en el “Abrazo de Charaña” (protagonizado por los expresidentes Banzer y Pinochet).
La réplica es el último documento que un Estado demandado puede presentar antes del cierre de la fase escrita en la CIJ. Luego se abre la fase oral, en la que las partes exponen sus posiciones y argumentos.
Según Chile, la práctica con el Perú respecto al límite marítimo fue el de respetar el paralelo geográfico, y ofrece a la CIJ el caso Charaña como uno de los antecedentes que demostrarían que el Perú no cuestionó dicho límite marítimo cuando Chile le ofreció a Bolivia una salida al mar por medio de un corredor soberano paralelo a la Línea de la Concordia (límite internacional entre Chile y Perú definido por el Tratado de Lima de 1929). Chile enfatiza que si la negociación de Charaña hubiese tenido éxito, Bolivia habría adquirido el acceso al mar en forma de un corredor entre Perú y Chile.
Es bueno recordar que el Protocolo Complementario al Tratado de Lima establece que los gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías. La “tercera potencia” aludida no es otra que Bolivia. Y tan fuerte fue el impacto para nuestro país, que la Cancillería boliviana emitió una circular de protesta el 1 de agosto de 1929 firmada por el canciller Tomás M. Elio. En dicha circular Bolivia manifestó su reserva al Tratado y al Protocolo Complementario firmado entre Perú y Chile en secreto al que acusó de haber sido “directamente pactado contra Bolivia”, según nota textual de la Circular 327 de 1929.
Las expectativas de Bolivia sobre los ofrecimientos de parte de Chile para que nuestro país accediera al mar por Arica no sólo se remontan a los tratados y protocolos suscritos en 1895 (etapa en la cual las provincias peruanas de Tacna y Arica estaban bajo posesión chilena), sino también a la oferta formal y por escrito que Chile emitió a través de la nota de 20 de julio de 1950 (suscrita por el canciller Horacio Walker Larraín) y a la de 19 de diciembre de 1975 (firmada por el canciller Carvajal).
Precisamente la de 1975 suscrita por el canciller Patricio Carvajal es la que forma parte medular del legajo documental de la negociación de Charaña. En dicha nota, la República de Chile expresa lo siguiente: “Producido el acuerdo final se dejará el testimonio solemne de que la cesión territorial que permite la salida soberana al mar, representa la solución plena y definitiva a la situación de mediterraneidad de Bolivia”, frase que no deja lugar a duda alguna respecto a que una solución definitiva a la mediterraneidad de Bolivia no es otra que su salida libre y soberana al Pacífico.
