En muchas ocasiones se ha dedicado este espacio a comentar la importancia de tener siempre presente el bien común a la hora de tomar decisiones o siquiera posiciones respecto de asuntos que involucran el interés colectivo. Días atrás, La Razón publicó un reportaje que ilustra cuán difícil es adelantar obras públicas cuando se oponen a intereses particulares.
En efecto, el domingo, el reportaje señalado mostró casos de oposición entre el Gobierno Municipal de La Paz y grupos que al sentir sus intereses afectados, así sea sólo de manera temporal, intentan impedir la ejecución de las obras, a veces con éxito. El trabajo periodístico también explora posibles medidas de prevención o solución a estas situaciones.
El más polémico de los casos citados es el de la frustrada construcción de un hospital de tercer nivel en lo que hoy es un parque ubicado en la ladera este de la ciudad. Cuando la maquinaria municipal comenzó los trabajos para habilitar el terreno, una bien organizada movilización vecinal logró detener la obra, al extremo que la municipalidad tuvo que comprometerse a buscar otro predio a fin de conservar el área verde. En este caso, lo que se opuso no fue el interés de un determinado grupo, sino la necesidad colectiva de conservar uno de los pocos espacios al aire libre que tiene la ciudad.
Los otros ejemplos no tienen esta característica. Tal el caso de la oposición de los choferes de transporte público a la peatonalización de la calle Sagárnaga; en ese caso, poco importó que se trate de uno de los puntos de mayor atracción turística del casco viejo de la ciudad frente al deseo de los conductores de conservar sus rutas. Peor el caso de los lavadores de automóviles en la avenida Kollasuyo, que intentaron impedir el arreglo del alcantarillado pluvial y se opusieron al asfaltado de la vía. Lo mismo puede decirse de las vendedoras del mercado Kollasuyo, que incluso llegaron a la violencia con tal de no dejar de vender en la calle.
De acuerdo con la interpretación de sociólogos, el problema pasa, por un lado, por un temor de las personas al cambio, una suerte de mentalidad conservadora que impulsa a los grupos a impedir innovaciones incluso si en el mediano o largo plazo les favorecen; por el otro lado, por falta de suficiente comunicación entre las partes, lo que a su vez hace aún más difícil encontrar consenso, pues suele faltar información acerca de las ventajas de la innovación que se propone. También cabe la posibilidad de que los grupos que se oponen a una determinada obra estén intentando negociar asuntos más grandes con la autoridad.
Así, sigue estando en manos de las autoridades, antes que resolver estos conflictos, la tarea de evitarlos, a través de difusión de información suficiente y oportuna, y la búsqueda de consensos antes de que los ánimos se hayan caldeado y todo diálogo sea infructuoso.
