Los países latinoamericanos requieren urgentemente una reforma del sistema e instituciones que conforman sus cuerpos de seguridad estatal y que ejercen legítimamente la coacción contra quienes ejercitan la violencia en contra de los ciudadanos y el propio Estado. En México, Argentina y Brasil (los países más grandes de la región) la Policía es una institución en permanente crisis, como hoy puede evidenciarse tras varias jornadas de huelgas, saqueos y desmanes en varias ciudades argentinas. Lo que viene sucediendo en Argentina se ha producido también en Ecuador, Bolivia y Perú. Bajo la demanda de mejores salarios (no hay duda de que las condiciones salariales no son de las mejores). La tropa policial se ha insubordinado causando fuerte daño a la imagen de los Estados latinoamericanos que aspiran a mostrarse como Estados modernos, con instituciones fuertes y decididos a alcanzar metas altas de desarrollo económico.
Otro fenómeno lacerante para la institución guardián del orden ha sido y es la corrupción de sus oficiales. Abundan los ejemplos (que además tienen alta incidencia mediática) en la que altos oficiales han sido denunciados y hasta procesados por casos en los que se han visto involucrados ligados a organizaciones criminales. Ni siquiera Chile ha sido la excepción; este país tiene sin duda una de las mejores instituciones policiales (Carabineros y la DNI), pero algunos de sus cuadros han sido permeados por el narcotráfico. En la ciudad de Arica se ventila un caso denunciado hace dos meses que ha tocado a oficiales y miembros de Carabineros, quienes habrían otorgado protección al narcotráfico.
Centroamérica tiene asimismo agudos problemas en materia de seguridad ciudadana, y las policías de los países del área han sido incapaces en su lucha contra la criminalidad cuyas tasas siguen incrementándose. Homicidios, secuestros y extorsiones son pan de todos los días en varias ciudades y pueblos.
La reforma policial es urgente, pero, ¿cómo encararla? ¿Quién asume las decisiones políticas? ¿Cuánto cuesta al erario público una reforma de tal naturaleza? Sin instituciones policiales sólidas no se puede luchar contra el crimen organizado ni alcanzar metas e índices de desarrollo. Y lo peor: ante la ausencia de políticas de prevención, la inseguridad ciudadana ha crecido casi en todos los países latinoamericanos y ese factor es también una rémora para el crecimiento económico.
Y no se crea que la reforma sólo debe alcanzar a la institución policial. Se requiere partir de políticas educativas orientadas a la prevención, y esto pasa por fortalecer la Justicia (ahora también contaminada por los mismos males que aquejan a la Policía) y por supuesto por políticas económicas que apunten a proteger a los sectores más vulnerables, que por su condición de marginalidad son propensos a ingresar a las redes del crimen, en muchos casos como víctimas y no necesariamente como delincuentes. Los países que han reducido la pobreza de forma exitosa han logrado también mejorar la sensación de inseguridad que toda sociedad con extremos de desigualdad económica provoca. Pero eso no es suficiente.
Una Policía fuerte, profesional, creíble y respetable requiere efectivamente sueldos dignos para sus efectivos y también equipo para afrontar su misión, pero paralelamente requiere de un régimen disciplinario que sancione con efectividad a quien, amparado en el espíritu de cuerpo, transgrede elementales normas atingentes a su profesión.
Asimismo es imprescindible mejorar la formación de los cuadros policiales. Un policía bien formado tiene derecho a una buena remuneración y a una adecuada protección social para él y su familia, y los Estados han hecho muy poco para elevar esa cualidad.
En suma, la agenda de la reforma policial debe instalarse pronto en América Latina, y cuánto mejor si ésta se trata en los organismos multilaterales, pues la lucha contra el delito no será exitosa si es aislada o focalizada. Su éxito radica en la coordinación y en la acción conjunta. Para todos nuestros países esta reforma es verdaderamente una asignatura pendiente.
