La histórica decisión de legalizar la marihuana adoptada por Uruguay sigue generando repercusiones. Días atrás, el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) cuestionó esta determinación, arguyendo que viola tratados internacionales de los que el país sudamericano es parte, y acusó a sus autoridades de no querer recibirlo para tratar el tema.
La respuesta del Presidente uruguayo no se hizo esperar. José Mujica le pidió a Raymond Yans que “no mienta”, y lo invitó a reunirse con él en Uruguay “cuando (él) quiera”. También demandó que le aclare por qué no se hacen los mismos cuestionamientos a los estados norteamericanos que tienen normas similares respecto a la marihuana. “¿O tienen dos discursos, uno para Uruguay y otro para lo que son fuertes?”, cuestionó el Mandatario.
La decisión del gobierno de Mujica va en línea con las reflexiones más avanzadas sobre el enjundioso problema del tráfico de drogas, habida cuenta de las décadas perdidas combatiendo esta industria con métodos policiacos de vigilancia, control y represión armada. Esta apuesta hasta ahora no ha resultado y no hay motivos para sospechar que sea exitosa en el futuro.
Pues la realidad es que el tráfico de drogas no ha hecho sino aumentar. Cada vez son más grandes las cantidades de dinero que maneja este ilícito negocio, así como son cada vez más sofisticadas las estrategias que las mafias organizadas emplean para expandir su terrible industria y para contrarrestar a las fuerzas del orden, logrando una notable capacidad para penetrar los mismos cuerpos de interdicción que los combaten.
No son vanas las analogías del actual problema de las drogas con el conflicto que Estados Unidos enfrentó en las primeras décadas del siglo XX, cuando la prohibición de consumir bebidas alcohólicas generó un espacio de enriquecimiento de gran magnitud para el crecimiento del crimen organizado y la criminalidad.
Por un lado, la prohibición no hace más que proteger los altos precios de los que goza un negocio multimillonario, con el poder de desestructurar a los gobiernos, arrebatándoles su capacidad para mantener el orden. Es en este sentido que Uruguay apostó por la despenalización controlada del consumo de marihuana, a fin de fortalecer el rol del Estado y transparentar una práctica de consumo que, de todos modos —con prohibición o sin ella— se va a dar.
La decisión del Uruguay nos motiva a debatir y cuestionar las estrategias que hasta ahora se han adoptado para luchar contra el narcotráfico, un mal que ha dinamitado la estructura de muchos de los países productores y comercializadores de sustancias ilegales. Su estela de sangre y corrupción es demasiado grande como para no intentar encauzar este asunto con alternativas más eficaces, que socialmente empiezan a estar más que asumidas.
