En reiteradas oportunidades se ha cuestionado desde este mismo espacio sobre los graves prejuicios que el bloqueo de calles y carreteras genera a la población y al país. Y es que además de división entre la ciudadanía, este tipo de medidas no perjudican a los altos funcionarios, responsables de tomar las decisiones, sino a los sectores más vulnerables, amén de boicotear la economía y el bienestar de la población en general.
Por ejemplo, el último bloqueo que tuvo lugar en Achacachi, el martes, provocó la muerte de una pareja y de su hijo de diez años, luego de que esta familia se viera obligada a buscar rutas alternativas para llegar hasta la ciudad de La Paz. En medio de esta travesía, su motorizado quedó varado a la mitad de un río. Mientras intentaban salir de este entuerto, su escape quedó obstruido y los gases tóxicos del motor terminaron en la cabina, acabando con la vida de los ocupantes.
¿Quién se hace cargo ahora de estas muertes? ¿Y qué del dolor y las carencias de los parientes que hoy lloran la partida de sus familiares que murieron a raíz de un conflicto completamente ajeno? Ojalá los pobladores de Achacachi se hagan al menos estas preguntas a la hora de evaluar el “éxito” o fracaso de su bloqueo, en demanda del arreglo de una avenida.
