Lo que debió haberse celebrado como un paso más en el camino de garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en amargo tema de debate, pues la presión conservadora y religiosa pudo más que las decisiones adoptadas en la Asamblea Constituyente y reflejadas en la CPE promulgada en 2009.
La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente con un cambio fundamental en el artículo que nombra a los sujetos de derechos, señalando que son las personas “desde la concepción”, marcando con estas tres palabras un retroceso indisimulable en materia de derechos de las mujeres.
La presidenta de la Cámara Baja explicó que el Presidente del Estado había recomendado “que quede claramente establecido que este gobierno, que ha luchado por una CPE garantista de la vida, trabaja en una redacción que atienda a los niños y niñas desde su concepción”.
Por ahora, el debate en la Asamblea Legislativa ha sido suspendido hasta el próximo año; pero de ser aprobado como está, no debiera extrañar que más pronto que tarde se demande la inconstitucionalidad del artículo que motiva este comentario. Las razones para sustentar una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional están, dicen los expertos, establecidas en la Carta Magna.
