La Asamblea Legislativa Plurinacional cerró el domingo sus sesiones de la gestión 2013. Lo hizo luego de sancionar 131 leyes, algunas fundamentales, otras más bien administrativas y declarativas. Ninguna de esas nuevas normas es la Ley de Organizaciones Políticas, que quedó sin tratamiento pese a su necesidad para la democracia. Demás está recordar que 2014 es un año electoral.
¿Por qué es importante e impostergable que la Asamblea discuta y apruebe una nueva legislación para las organizaciones políticas? Primero, porque la actual norma en la materia, que es de hace más de una década, está rezagada con relación al actual escenario democrático establecido en la Constitución. Segundo, porque una asignatura pendiente en nuestro sistema de gobierno es contar con organizaciones políticas que al menos garanticen mínimos de democracia interna para competir en elecciones.
Otra razón para adoptar una nueva Ley de Organizaciones Políticas radica en un tema sensible que no debiera evadirse por más tiempo: el financiamiento público. Actualmente los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones políticas indígena originario campesinas no cuentan con ningún tipo de financiamiento estatal. En consecuencia, su funcionamiento y, en especial, su participación en procesos electorales se nutren exclusivamente de fuentes privadas.
Diferentes estudios comparados demuestran que una cuestión que no puede dejarse librada al mercado y/o al azar es la difícil relación entre dinero y política. Para competir en elecciones, las organizaciones políticas requieren hacer campaña y propaganda. Y éstas son cada vez más caras, en particular por el elevado coste de acceder a los medios de comunicación masiva. Se requiere pues alguna modalidad de financiamiento público para generar condiciones de equidad entre las diferentes candidaturas.
Es evidente que no existe ninguna posibilidad de retornar al viciado esquema, vigente entre 1997 y 2008, del financiamiento directo. No debe entregarse dinero a las organizaciones políticas porque lo administran mal y, sobre todo, tienen problemas en rendir cuentas. Pero se podría explorar, como ha sido planteado por algunos especialistas, la posibilidad de un financiamiento indirecto, por ejemplo con la asignación de espacios gratuitos en los medios para la realización de propaganda.
Pero hay otra cuestión fundamental para que la Ley de Organizaciones Políticas sea prioritaria en la agenda legislativa de los primeros meses de 2014. Es la necesidad de establecer reglas claras para que todas las organizaciones que compitan en las elecciones generales definan democráticamente, y no a dedo, sus candidaturas. Ello es esencial a fin de garantizar, para empezar, el cumplimiento estricto de los principios de paridad y alternancia entre mujeres y hombres en las listas.
