Días atrás, la Cámara de Diputados sancionó una ley que castiga los avasallamientos y el tráfico de tierras con penas de tres a ocho años de cárcel, para quienes cometan este tipo de delitos.
Esta norma viene a llenar un importante vacío jurídico, que contribuye a dejar en la impunidad a los grupos organizados que usurpan predios agrícolas. Una práctica cada vez más extendida, tanto más perjudicial por cuanto atenta contra la inversión privada y la seguridad alimentaria del país, y que por tanto urge contrarrestar. Por ejemplo, este año la producción agrícola de Santa Cruz se redujo en 8,7% respecto a la gestión anterior. Esto debido en parte a la prolongada sequía, pero también por el gran número de haciendas que han sido avasalladas, sin que se castigue a los culpables o se restituya las tierras usurpadas a sus legítimos dueños.
De allí la importancia de contar con una ley que proteja las inversiones y los cultivos agrícolas. No obstante, es de esperar que esta medida venga acompañada con los instrumentos y recursos necesarios para ponerla en práctica. De lo contrario, los avasallamientos seguirán mermando la producción nacional, amén de desincentivar el cultivo de nuevos campos, así como la llegada de capital y tecnología para mejorar la productividad del agro boliviano.
