La Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de reforma del Código Niño, Niña y Adolescente. Uno de los elementos centrales de esta propuesta es la regulación del empleo de adolescentes para que éstos gocen de los mismos (y potencialmente más) derechos que los trabajadores adultos.
El proyecto establece, por ejemplo, que el salario y beneficios de los adolescentes no podrán ser menores a aquellos percibidos por adultos que realicen el mismo trabajo.
Además, los empleadores deberán contar con autorización escrita de los padres aprobada por la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, y deberán otorgar a los adolescentes una hora diaria remunerada para estudiar. El proyecto también prohíbe explícitamente el trabajo de adolescentes en actividades como zafras, minería, pesca, ladrillería, recolección de basura, transporte público, trabajo doméstico, etc.
El proyecto tiene buenas intenciones. Todos queremos que los adolescentes (y cualquier trabajador) tengan las mejores condiciones de trabajo y compensaciones posibles. Lo que a los políticos típicamente se les escapa, sin embargo, es que estas mejoras no se materializarán por arte de magia con leyes como ésta. Es más, estas normas tienden a producir resultados completamente opuestos a los esperados.
El acuerdo de empleo entre adolescentes y empleadores responde a la oferta y la demanda. Los adolescentes generalmente tienen poca experiencia y no han terminado sus estudios y, por tanto, son más baratos de contratar que los adultos. Los adolescentes lo saben, pero tienden a aceptar una compensación menor en vista de sus pocas oportunidades y con el fin de aprender el oficio. Esto pasa desde siempre y en todas partes. En países desarrollados, por ejemplo, es muy común que adolescentes trabajen después de la escuela por salarios muy bajos para aprender algún oficio, costearse necesidades o ahorrar para la universidad. En países pobres como Bolivia, el trabajo del adolescente va más allá y es, en muchos casos, crucial para la economía familiar.
Póngase en el lugar de un empresario. Si esta reforma es aprobada en el Senado, contratar adolescentes resultará ahora más caro que contratar adultos. Como hemos dicho antes, los adolescentes tienen poca experiencia y estudios, pero el empresario deberá pagarles el mismo salario que paga a los adultos. Adicionalmente, deberá pagar una hora diaria para que el adolescente estudie, cosa que no tiene que hacer con sus empleados adultos. Además, el empresario tendrá que hacer el papeleo de autorización con la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, el cual, como todo trámite en Bolivia, será probablemente bastante engorroso. Tendrá también que tener cuidado de no emplear al adolescente en actividades como la zafra, el transporte público, el trabajo doméstico, etc. ¿Qué haría usted en el lugar de este empresario? Simple no contrataría más adolescentes. Resulta más barato y práctico contratar adultos. El resultado será, por tanto, completamente opuesto a la intención original: la ley generará un incremento substancial de desempleo entre adolescentes. Éstos tendrán muchas menos oportunidades de aprender un oficio y no podrán ahorrar para sus estudios o contribuir a la economía familiar.
La única forma de generar mejoras salariales de forma sostenida y natural es a través de incrementos en la inversión productiva privada, que generen una mayor demanda por trabajadores. Esto requiere, sin embargo, de una profunda mejora de las condiciones de inversión en Bolivia, que establezca reglas de juego claras y estables. Proyectos de ley como éste son atractivos por fuera, pero —como el Caballo de Troya— guardan siempre sorpresas perversas por dentro.
