Luego de la expulsión de la organización no gubernamental danesa IBIS, algunos voceros del Gobierno, en tono de amenaza, dijeron que otras ONG “correrán la misma suerte”. Señalaron incluso, sin mencionar nombres, que seis organizaciones “están en la mira”. El propio Presidente afirmó que no permitirá a ninguna ONG “que vengan a hacer política y conspiren con plata de afuera”. Esta situación es sensible y debiera preocuparnos.
¿Cuál es la fundamentación de esta actitud gubernamental en contra de algunas ONG que trabajan en el país? En esencia las acusan de tres cosas: cometer injerencia política (apoyan a fuerzas políticas opositoras), conspirar contra el Gobierno (mediante ataques sistemáticos, en especial contra el Presidente) y financiar la división de organizaciones indígenas (como el Conamaq). Todo ello utilizando dinero de la cooperación internacional.
Si bien es evidente que un Estado soberano puede tomar decisiones como las de expulsar a una organización extranjera que opera políticamente para generar desestabilización (el antecedente es Usaid), no es menos cierto que tal decisión debiera sujetarse a reglas claras conocidas por todos. De lo contrario se corre el riesgo de que algunas acciones estatales queden libradas al cálculo político, la arbitrariedad o la vendetta.
